Los estudios de ADN muchas veces necesarios en los juicios por filiación, que cuestan al menos mil pesos, serán gratuitos en los casos en que la Justicia constate que se trata de personas de escasos recursos económicos, si prospera un proyecto de ley en condiciones de ser tratado por el Congreso.
El proyecto obtuvo esta semana un dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con el respaldo unánime de todas las bancadas y ahora se encuentra en condiciones de ser tratado en el recinto para su media sanción y, luego, pasar a debate en el Senado.
La iniciativa prevé que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haga cargo "del costo total" de los estudios genéticos que en algunas ocasiones resultan necesarios para determinar si existen lazos de sangre entre distintas personas en los juicios por filiación, también conocidos como juicios de paternidad.
Los fundamentos del proyecto avalado por la Comisión de Justicia consignan que "el incremento de los nacimientos extramatrimoniales y, sobre todo, la comprensión por parte del Estado de la carga socioeconómica que esto representa, produjeron el aumento de acciones judiciales de filiación".
En este sentido, señalan que "muchos menores necesitan, por falta de medios, el recurso de la protección estatal" para poder afrontar los análisis genéticos que se realizan para determinar vínculos de filiación y cuyos resultados "la mayor parte de las veces resulta terminante" para la resolución de una causa.
Causas por filiación
"Lo que ocurre actualmente es que muchas causas judiciales por filiación para reclamar herencias o por alimentos se frustran debido a que los denunciantes no tienen el dinero necesario para poder encarar los estudios genéticos", consignó la diputada radical Sarah Picazo, autora de la iniciativa.
En este marco, indicó que tanto los análisis de histocompatibilidad (HLA) como los inmunogenéticos (ADN) "salen no menos de 1.000 pesos" y precisó que, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, "sólo un especialista realiza este tipo de estudios y cuesta 1.500 pesos".
El proyecto con dictamen de comisión establece que las personas que no puedan hacerse cargo del costo de estos estudios deberán entregar un certificado de pobreza ante el juez -que tiene que ser solicitado a la policía con la presencia de dos testigos- o probar "sumariamente su insolvencia".
De acuerdo con lo estipulado por la iniciativa, los costos correspondientes a la realización de estos estudios -que al menos deben ser realizados a la madre, al hijo, y a la o las personas señaladas como presunto padre serán "imputados a las partidas asignadas al Poder Judicial".
Fuentes parlamentarias indicaron que esta medida beneficiaría a aquellas personas de escasos recursos económicos que llevan adelante juicios de filiación para reclamar herencias o en el marco de juicios por alimentos, en los casos de hijos extramatrimoniales cuyos padres no reconocen el vínculo.
También, los estudios de ADN permiten determinar vínculos sanguíneos en las causas que investigan presuntas sustracciones de menores ocurridas durante la última dictadura, enmarcadas en los casos de robos de bebés que ocurrieron en centros clandestinos de detención que funcionaron en ese período.