Año CXXXIV
 Nº 49.149
Rosario,
sábado  16 de
junio de 2001
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La Justicia ecuatoriana investigará a su Ejército
Acusan a la cúpula militar que dirigió la guerra contra Perú por presunta estafa contra el Estado

El escándalo por el tráfico ilegal de armas desde Argentina a Croacia y Ecuador se extendió a éste país donde la Justicia comenzó a investigar a la cúpula militar de 1995 como responsable de una compra millonaria de armamento de "mala calidad", según fuentes judiciales ecuatorianas.
La investigación que se desarrolla en Ecuador reveló que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas "esperó cinco meses para reclamar por la presunta estafa que supuso recibir material bélico obsoleto desde Argentina, pagado con sobreprecio".
Los ecuatorianos se conmovieron por la detención del ex presidente Carlos Menem y de funcionarios involucrados en el affaire de las armas.
Ecuador compró a Argentina en febrero de 1995, a través de intermediarios, 4.998 fusiles y un millón de proyectiles, en un momento de emergencia nacional debido al enfrentamiento bélico fronterizo con Perú.

Material obsoleto
Este es el argumento principal de los responsables militares de la época para justificar que, tras recibir el armamento, se envió inmediatamente sin ser verificado a los reservistas que se entrenaban en la Brigada Galápagos en Riobamba (centro de Ecuador) para defender la frontera con Perú y fue allí donde se descubrió que las armas databan de 1993 y eran obsoletas.\Sin embargo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas aguardaron hasta julio de 1995 para suspender la llegada de más entregas de material bélico y finalizar unilateralmente el contrato.\La investigación en curso reveló que se firmó en Ecuador el acta de recepción del armamento, que señalaba que el material era nuevo.\El caso está en proceso de investigación en Ecuador y por ahora aparecen como acusados los empresarios en armamentos Roberto Sassen y César Torres Herbozo, pero la actuación de altos mandos militares de la época también es cuestionada.\El proceso pasó de manos de la Justicia ordinaria como delito de estafa, y a la Corte de Justicia Militar por ser un posible atentado a la seguridad del Estado.\El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Víctor Bayas reconoció que él escogió al proveedor de las armas y que sabía que eran de procedencia argentina, pero que hasta meses después de la entrega no supo que eran inservibles.\Por su parte, el ministro de Defensa durante ese período, el general José Gallardo, quien también firmó el contrato para la compra de las armas, aseguró que no intervino en la negociación y, por lo tanto, no pudo saber si había estafa.


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