El manejo de la obra social de los jubilados de Rosario continúa siendo objeto de críticas por desmanejos políticos por parte de la conducción. El interventor local de la delegación de Pami, Luis Fernández Risso, está en el ojo de la tormenta. Según fuentes del instituto, las actuales autoridades "incrementaron el número de altos funcionarios", con el consiguiente aumento de la masa salarial. Al respecto, las mismas fuentes aseguraron que mientras la Uppri (gerenciadora del los Policlínicos Pami I y II) tenía en la gestión anterior un superávit de 4 millones de pesos, a un año de la actual intervención se llegó a un saldo negativo de aproximadamente 5 millones.
Voceros del Pami aseguraron que los actuales administradores crearon 200 cargos, además de otras designaciones de profesionales, a los que se les "abonan los honorarios" por contraprestación.
En ese marco, también están cuestionados tres administradores de la obra social que a su vez son prestadores del instituto. "No son empleados del Pami pero sí manejan fondos de la obra social", aseguraron a La Capital.
Pero el cono de sombra sobre la actual gestión no termina aquí. Las autoridades frenaron a fines del año pasado un proceso licitatorio para adquirir medicamentos por el que el instituto podría ahorrarse aproximadamente 120 mil pesos mensuales, con respecto a las mismas compras de insumos con los viejos proveedores. A pesar de que hubo ganadores con ofertas económicas convenientes a la obra social, sospechosamente los mismos no fueron adjudicados.
Así fue que el diputado nacional Alberto Natale se hizo eco de la situación y elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Nación sobre este tema, aunque aún no recibió respuesta. Cuestionó cuáles fueron los motivos "para la dilación de las adjudicaciones a las empresas ganadoras".
Por otra lado, fuentes del Pami revelaron que en esta gestión se excluyeron de los convenios con los proveedores capitados, medicamentos de alto consumo y costo, más otros insumos como pañales descartables y sondas.
"Esos productos son hoy adquiridos por las autoridades en forma directa, sin concursos y a altos precios", afirmaron.
Marchas y contramarchas
Se indicó, incluso, que en diciembre pasado y a instancias de Federico Polak, máxima autoridad nacional, Fernández Risso conformó una comisión técnica con el objetivo de reestructurar a la gerenciadora Uppri para su "eficientización", por lo que volvió a convocar a los anteriores directores de la misma.
También en ese mes, se creó el Centro de Emergencias y Traslados (CET), con el objeto de brindar atención médica de urgencia. "Se montó una estructura súper, con 150 personas y sólo tres ambulancias, lo que aumentó las erogaciones en cinco veces", apuntaron las mismas fuentes.
A propósito, se señaló que la jefa designada para este servicio "nunca está presente, por lo que debieron volver a poner en funciones a la administradora de la anterior gestión, Susana San Juan".
La situación es tan crítica que hasta los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Pami local consideraron que las marchas y contramarchas de la actual intervención en el Pami Rosario "no han generado ahorro ni beneficio a los afiliados". Más aún, agregaron que "la ineficiencia, incapacidad y negligencia de las actuales autoridades han provocado cortes de servicios por falta de pagos a los proveedores". En ese marco, se subrayó que el "fracaso" de la intervención "puede desencadenar la pérdida de trabajo de muchas familias".
La Ciudad
