La ex secretaria de la Función Pública menemista Claudia Bello fue procesada ayer por presunta "administración fraudulenta en perjuicio del Estado", a raíz del supuesto pago de sobreprecios y contratación directa de servicios de propaganda del Efecto 2000 sobre los sistemas informáticos. Los bienes de Bello, quien no irá a prisión, fueron embargados por un monto total de cuatro millones de pesos. La medida fue dispuesta por la jueza federal María Servini de Cubría, quien el 7 de mayo pasado tomó declaración indagatoria a la ex funcionaria.
Al conocer la decisión de la magistrada, Bello dijo que la resolución era "una locura más", le recomendó a algunos miembros del Poder Judicial volver a la Universidad "para no hacer papelones" y sostuvo que "en muchos sectores de la Justicia impera el favoritismo político y la corrupción".
La denuncia por la que ahora fue procesada Bello fue presentada por la Oficina Anticorrupción, tras una investigación en la que detectó supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos relativa a la confección y distribución de cajas y diversa folletería, un video y un afiche, además de sobres con propaganda oficial relativa al Efecto 2000.
En ese trámite, vinculado a la previsión de los trastornos que amenazaba generar el cambio de cifra del año 1999 por el 2000, la repartición por entonces a cargo de Bello (quien además era titular del Instituto Nacional de la Administración Pública) habría pagado sobreprecios superiores a los dos millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, la Sindicatura General de la Nación determinó que la Secretaría de la Función Pública debería haber pagado 4.965.000 pesos por el servicio contratado, pero en realidad realizó pagos por 6.997.406 pesos. La diferencia entre un monto y otro es lo que motivó el procesamiento de la ex funcionaria.
Las fuentes judiciales no confirmaron si el procesamiento alcanzaba, también, a otros ex funcionarios de la secretaría que comandaba Bello.
El fiscal de la causa, Carlos Stornelli _el mismo que interviene en la causa en la que está detenido Menem_, sostuvo cuando pidió la indagatoria que "los fondos asignados fueron conseguidos por una decisión administrativa del entonces jefe de Gabinete (Jorge Rodríguez)", quien no obstante no aparece aún imputado en la investigación.
Luego, al pedir el procesamiento, Stornelli sostuvo que Bello y sus colaboradores "obviaron los mecanismos legales requeridos" para contratar a la firma publicitaria que quedó a cargo de la campaña y a la empresa de correo privado que distribuyó el material. Y aseguró que el precio a pagar se fijó "de manera arbitraria y con un claro afán de procurar un lucro indebido para los participantes de las maniobras".
Sin embargo, Bello rechazó frente a la jueza los cargos que se le atribuían, aseguró que la cotización sobre la que se había basado el informe de la Sigén se había hecho sobre un producto diferente al que ella había adquirido, y se quejó porque no se habría realizado ninguna auditoría contable en la causa.
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La ex secretaria de la Función Pública, otra menemista en apuros. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
