Editorial

Por una Justicia mejor

La creciente demanda social de un aparato judicial más dinámico y eficiente encontró un adecuado correlato en el anuncio efectuado días atrás por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de que las cámaras en lo contencioso administrativo de Rosario y Santa Fe comenzarán a funcionar a partir de este mismo mes.
Dicha noticia, sin embargo, si no es interpretada con la amplitud suficiente, podría no resultar merecedora de elogios, ya que la materia de la cual se ocuparán de manera específica las flamantes cámaras consiste en los casos que puedan involucrar a la administración pública, tanto provincial como municipal o comunal. Y así, en una primera lectura superficial, su puesta en acción no parecería hacer mella en los intereses de la mayoría de la gente. Claro que tal consideración se modifica rápidamente cuando sale a la luz que ambos organismos colegiados entenderán en la crucial materia previsional, esa misma que implica -según palabras del propio titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, en diálogo con este diario- nada menos que el treinta y cinco por ciento de la competencia del máximo tribunal de justicia santafesino. Y así, el arranque de su funcionamiento no deja dudas en cuanto a los objetivos inmediatos que persigue: simplemente, aunque fuere de manera indirecta, a atender el unánime reclamo de celeridad y eficacia.
En tal sentido, justamente, es que se torna ineludible la mención a un dato que denota la creciente conflictividad social en el país: en los últimos diez a quince años, el crecimiento de la litigiosidad en la provincia ha sido notorio, a tal punto que los índices precisan que se trata nada menos que de un ciento por ciento en ese lapso. Ante semejante nivel de incremento, la estructura judicial no ha producido un desarrollo simétrico, hecho que obliga a los magistrados a realizar esfuerzos no siempre adecuadamente reconocidos.
De allí que el anuncio sea bienvenido, más allá de la ostensible falencia que constituye para Santa Fe el permanecer aún como la única provincia en toda la Nación que no ha implementado el juicio oral, herramienta de indiscutible valor a la hora de proporcionarle a la maquinaria judicial las dosis de agilidad y fluidez que imperiosamente necesita. Se sostiene, no sin lógica, que nunca un juez ejerce con tanta plenitud su función como a través del citado mecanismo, cuya aplicación, por cierto, dista de ser sencilla en el contexto actual de judicialización creciente. Por tal razón es que el anuncio del presidente de la Corte, efectuado en un marco sociopolítico de ostensible complejidad, debe ser contemplado como un trascendente paso en una dirección que bajo ninguna excusa debe modificarse: la modernización de la Justicia, en aras del beneficio de toda la sociedad santafesina.