Denuncian a un abogado por evasión impositiva

Solicitan a la Administración Provincial de Impuestos que se investigue una presunta falsificación de sellos

Uno de los ex dueños de la empresa de transporte La Cañadense denunció ante la Administración Provincial de Impuestos (API) al abogado Marcelo Fernando Roselló por haber pagado en concepto de impuesto un monto sensiblemente inferior en los sellados de los pagarés que pretende cobrarle. El denunciante, Miguel Eduardo Yunes, señaló en la denuncia presentada ante la API que muchos de los documentos aparecen sellados tres años después de la fecha de emisión "con sellos altamente sospechosos como sobrepuestos o corridos lo que podría indicar que la máquina incluso no fuera la legal o el sello es producto de una falsificación".
Yunes indicó que la empresa a la que pertenecía le firmó al abogado veintisiete pagarés -uno por una suma de 9910 pesos- y veintiséis documentos de 10 mil pesos cada uno y que de estos veintiséis pagarés doce se encuentran sin ninguna reposición y los otros catorce que aparecen emitidos en fecha 31 de octubre de 1995 aparecen sellados en la máquina timbradora número tres por la suma de diez pesos, cuando el importe del sellado debía ser de cien pesos cada uno. "Por si esto no fuera poco -dijo Yunes- nos encontramos que fueron sellados tres años después sin aplicación de multa de ningún tipo el 23 de octubre de 1998".
El empresario enfatizó en que los sellos "son altamente sospechosos" y que llama la atención que a esa fecha los mismos digan Banco de Santa Fe S.A. "y no como correspondía desde el 1º de junio de 1998, cuando dicho banco pasó a ser Nuevo Banco de Santa Fe S.A."
Yunes señaló en su denuncia hecha al API que el abogado Roselló que en una nueva demanda en la que reclama el pago de ciento treinta mil pesos debía reponer en concepto de sellado mil setecientos cincuenta y cinco pesos y sólo repuso cuatro pesos con setenta. Según el empresario el abogado "hasta la fecha no repuso lo que es obligatorio para instaurar una demanda" y pidió al API que inicie una investigación y que eventualmente dé participación a la justicia de instrucción para que investigue el posible delito de falsificación.