Alfonsín rechazó acuerdos con EEUU

Argentina y Brasil deciden qué hacer con el Mercosur

Cavallo se reunirá hoy con Cardoso para distender la tensión entre los principales socios del bloque regional

Los gobiernos de Argentina y Brasil comenzaron ayer con una serie de encuentros para definir cómo piensan seguir con el Mercosur, en un escenario en el que los dos máximos socios se encuentran atrapados por sus propios problemas internos y por la desconfianza mutua.
Si bien formalmente comenzaron ayer las reuniones de técnicos del Grupo Mercado Común (GMC), con vistas a la cumbre de presidentes que se realizará la semana próxima en Asunción, el ministro de Economía, viajará hoy a Brasil para reunirse con el presidente Fernando Henrique Cardoso y con el ministro de Hacienda del país vecino, Pedro Malán.
Por otro lado, el lunes próximo viajará el canciller Adalberto Rodríguez Giavarinni para reunirse con su colega brasileño, Celso Lafer.
La próxima cumbre regional tiene como dos temas prioritarios en la agenda definir cuál será la política del bloque en relación al arancel externo común y elaborar una propuesta para establecer un tribunal arbitral que entienda en litigios comerciales.
Desde el punto de vista argentino, el encuentro va precedido por las críticas de Cavallo a la política cambiaria de Brasil y por sus acusaciones sobre maniobras especulativas de empresarios del país vecino en los peores momentos de la crisis financiera. Las facturas brasileñas pasan por la decisión de Cavallo de modificar la estructura arancelaria para la importación de bienes de capital y por su intento de reducir el arancel externo común para los productos informáticos. En el país vecino, además, crece la sospecha de que el ministro de Economía está embarcado en una línea de trabajo destinada a negociar unilateralmente con Estados Unidos su ingreso al Alca.
Precisamente, el ex presidente Raúl Alfonsín, referente político del principal partido de la Alianza oficialista, anticipó su rechazo a un acuerdo unilateral con Estados Unidos. Lo hizo durante la reunión del comité de la Internacional Socialista para América latina y el Caribe.
"En el debate surgió el tema del Alca en relación al Mercosur y yo sostuve que era absolutamente inconveniente realizar cualquier tipo de negociación por fuera del bloque regional", dijo.
A la desconfianza que enrareció la relación de los dos principales socios del Mercosur se suman los problemas internos de cada uno: Argentina con el megacanje y su situación financiera, y Brasil con su crisis energética.
Con esa escenografía de fondo, las delegaciones técnicas de ambos países, junto con las de Uruguay y Paraguay, comenzaron a analizar cómo seguir con la rebaja de los 3 puntos del Arancel Externo Común (AEC) que fueron subidos en 1997, de los cuales ya se redujo 0,5 punto a partir de la cumbre pasada en Florianópolis.
El subsecretario de Integración, Norberto Ianelli, indicó sobre ese aspecto que "los ministros que integran el Consejo del Mercado Común (CNC) deberán definir si la rebaja del 2,5 se hace de una vez o se fija un cronograma".
"Esto se deberá definir en base a los cálculos fiscales que están haciendo las delegaciones de cada país", explicó.
Respecto de la reducción del AEC para bienes de informática y telecomunicaciones, el funcionario de la Cancillería argentina indicó que "se está proponiendo la creación de un grupo de alto nivel".
Ianelli también señaló que ese grupo debería "revisar" la rebaja de la tarifa externa para "otras cadenas productivas", decisiones de fuerte carácter político que sólo se pueden adoptar por funcionarios de primera línea.
Anticipó además que "se estuvo trabajando" en la idea de crear una instancia arbitral del Mercosur para los litigios comerciales entre las naciones del bloque.
Si bien indicó que Argentina aceptaría la creación de un tribunal permanente, tal cual se definió en la anterior cumbre en Brasil, Ianelli señaló que no se desechan otras opciones como, por ejemplo, la creación de un órgano de apelaciones encargado de revisar los fallos.
Con ese organismo, explicó, se podría evitar que exista un cuerpo de juristas permanente con una locación física, pero al mismo tiempo se garantizaría la correcta interpretación de los fallos a la luz de los acuerdos de integración.