Esta semana se celebró el Día del Medio Ambiente y también recrudeció una polémica por este mismo tema. La provincia tiene una ley de medio ambiente que apunta a controlar la situación en las industrias, que significa un cambio cultural importante en las empresas. La reglamentación de la norma fue concluida el mes pasado y ya fue elevada al gobernador para su promulgación. No obstante, desde el sector empresario surgieron críticas a la operatividad de la medida, argumentando que tal como está es muy burocrática y generará sobrecostos de importancia para las empresas, sobre todo para las pymes.
Haciendo una breve historia, la ley de medio ambiente fue aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 1999. Luego el Poder Ejecutivo vetó algunos artículos para agilizar el trámite ya que el texto original obligaba a la sanción de otras normas complementarias. De esta forma, cobró más relevancia la reglamentación que comenzó a elaborar la Secretaría de Medio Ambiente, con la colaboración de distintas organizaciones como la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), entre otras. Esta reglamentación fue concluida y elevada al gobernador el 2 de mayo, y también generó preocupación entre los industriales.
En ese sentido, Oscar Quintero, asesor y representante de Fisfe en las conversaciones mantenidas con el gobierno, indicó que "nos encontramos con algunas sorpresas porque no se tienen en cuenta las propuestas de simplificar los trámites de las empresas para conseguir la certificación ambiental".
Enfatizó que "así como está, la norma es muy burocrática, lo cual genera mayores costos, afectando principalmente a las pymes". Agregó que "como en Santa Fe partimos de cero, hay que hacer muchas gestiones que van desde la categorización de las empresas hasta obtener la certificación, por eso queremos que las presentaciones sean más simples y concretas".
En cambio, el secretario de Medio Ambiente, Lorenzo Domínguez, sostuvo que "los industriales hablan del estudio de impacto ambiental, pero eso está en la ley y no depende de la reglamentación, que fue hecha de forma más simple posible".
El funcionario explicó que la operatoria copia el método más utilizado en el mundo: las empresas deben hacer un propio estudio de impacto ambiental, a través de peritos inscriptos en un registro oficial, después lo elevan a la Secretaría, la cual verifica el informe y extiende la certificación ambiental.
Domínguez aclaró que "este estudio está reservado sólo para aquellas empresas que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente". Las industrias se clasifican en función de una categorización internacional que establece el nivel de los riesgos según las sustancias que manipulan y la magnitud de la actividad.
El funcionario remarcó que "sólo las industrias que implican un riesgo ambiental deben presentar a la provincia su estudio de impacto".
Esta metodología alcanza a los nuevos emprendimientos y a las ampliaciones o modificaciones que se realicen en la actividad de las empresas. Las industrias que ya están operando deberán presentarse y el Estado hace la auditoría ambiental, estableciendo su situación.
Residuos peligrosos
El manejo de los residuos peligrosos es otro aspecto importante de la polémica ya que la norma provincial hace referencia a un proyecto de ley nacional sobre el tema.
Quintero señaló que "en el tema de los residuos peligrosos discrepamos que se haga referencia a un proyecto de ley nacional que aún no fue sancionado en el marco de una reglamentación provincial", y advirtió que "si se mantiene esta idea, el efecto van a ser tasas de aranceles adicionales, con un mayor costo".
Domínguez responde que "lo mismo que establece la ley provincial, va a venir de forma obligatoria en la ley nacional".
Ante el incumplimiento de las normas, los industriales descreen de las multas. El asesor de Fisfe señaló que "en un caso de reiterado incumplimiento hay que clausurar directamente, porque con las multas corremos el riesgo de que algunas empresas terminen pagando para contaminar". Y expresó el temor de que "esto, al igual que las tasas de fiscalización, tengan un mero fin recaudatorio".
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente destacó que "se avanzó en formas de control que favorecen la responsabilidad empresaria por encima de los controles, pero para lograr ese autocontrol los empresarios deben hacer muy bien las cosas".
Actualmente la situación de las empresas es bien variada en materia de calidad ambiental. Al respecto, Quintero indicó que "las empresas deben estar en igualdad de condiciones, hay algunas que se han modernizado mientras que otras que no hicieron nada representan una competencia desleal, por eso queremos una ley que salga rápido pero sin burocracia".
Domínguez no espera que la tarea sea sencilla ya que la provincia nunca tuvo una norma que se ocupe del medio ambiente: "Se van a generar obligaciones nuevas que responden a una nueva conciencia popular", indica. Y se defiende: "La norma no es burocrática. Sí genera mayores obligaciones a la hora de iniciar un emprendimiento, pero alguna vez hay que poner un ordenamiento".
J.K.
La Ciudad
