Es harto conocida la crítica situación fiscal de la Argentina, caracterizada por un círculo vicioso que se alimenta del aumento del gasto público que se produjo en la década del 90. Este hecho generó déficits que se cubrieron con endeudamiento y el consiguiente aumento del gasto por el incremento de los intereses de esa deuda. Para colmo, la recesión impactó negativamente en la recaudación tributaria -ergo más déficit- ya que la mayoría de los impuestos gravan justamente la actividad económica que está en declinación.
Entre 1991 y 1999 la expansión del gasto del Estado nacional fue del 67%, mientras que el de las provincias creció 124%, y los municipios el 51%. En resumen el gasto público consolidado aumentó el 86%, mientras que el PBI de la Argentina sólo creció un 43%. Así lo revela la Fundación Libertad, que elaboró un pormenorizado estudio de la evolución y composición de gasto, endeudamiento y recursos de los Estados provinciales.
En el período 91-99, el gasto consolidado de las provincias creció un 123,8%, mientras que los recursos aumentaron un 118,6%. El resultado fue un mayor endeudamiento: en 1990 las necesidades de financiamiento eran de 2.500 millones de pesos, y en 1999 superaron los 4.100 millones.
Más allá de las causas de este incremento de gastos, lo más preocupante es la relación de esto con el comportamiento de la actividad económica. Así, en la década pasada, el PBI creció un 43%, es decir sólo un tercio de lo que aumentó el gasto.
Un aspecto importante es la inflexibilidad a la baja que muestra el gasto provincial, ya que en ningún año el gasto se contrajo, sólo mermó su ritmo de crecimiento en los años de recesión (95 a 99).
De acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía, el gasto en las provincias alcanzó los 36.365 millones en 1999, mientras que los ingresos fueron de 32.235 millones. Entre los años 91 y 99, las provincias recibieron 17.500 millones adicionales en ingresos, pero incrementaron su gasto en más de 20.000 millones, por lo que el déficit sumó 2.600 millones más. El déficit global de las 24 jurisdicciones ascendió a 4.130 millones en 1999, marcando el récord para la década.
Otro dato que surge del análisis de los números es el comportamiento procíclico de las administraciones provinciales: el mayor crecimiento del gasto coincidió con los años de mayor expansión económica (91 a 94), mientas que la austeridad se verifica del 95 al 99.
Tanto los recursos como los gastos muestran un notorio incremento porcentual en los años 92 y 93 como consecuencia de la transferencia de servicios de educación y salud de la Nación a las provincias. Pero a partir de 1994 el gasto aumenta constantemente, mientras que los recursos siguen la misma evolución del PBI.
El resultado es el lógico: las provincias acumularon un déficit de 16.679 millones entre 91 y 99 y en ninguno de los años se verificó equilibrio en las cuentas públicas.
Los recursos
Los recursos totales de las provincias son la suma de los recursos corrientes (impuestos, aportes sociales y transferencias), más los recursos de capital (derivados de la venta de empresas públicas e inversiones financieras). Por este concepto, las provincias captaron en 1999 unos 32.235 millones, 17.500 millones más que en 1991.
Esta mayor disponibilidad de recursos se explica por las transferencias efectuadas en concepto de coparticipación que representan el 46% del aumento, en función de la ley de coparticipación federal y los sucesivos pactos firmados con posterioridad que convirtieron a la distribución de recursos en un verdadero laberinto.
En cuanto a los recursos propios (principalmente ingresos brutos, sellos, inmobiliario y patente automotor) crecieron un 136% en la década hasta llegar a 11.049 millones en 1999. Esto significa 6.371 millones de pesos adicionales aportados por los residentes en las provincias, es decir todos los argentinos.
A lo largo de la década, los recursos propios representan alrededor de un tercio de los recursos totales y de cada 10 pesos que obtienen las provincias, alrededor de 7 son transferidos por la Nación.
El gasto
El gasto público consolidado de las 24 jurisdicciones pasó de 16.247 millones en 1991 a 36.365 millones en 1999. Las mayores erogaciones se dieron en el rubro "personal", es decir salarios de empleados estatales, con un 114% de incremento. El aumento del gasto en personal se basa en el traspaso de los servicios de educación y salud a la órbita provincial. Además, el pago de salarios acapara la mayor parte del presupuesto de las provincias, representando en promedio el 50%, y en algunos casos supera el 60%.
Otro rubro que mostró un fuerte aumento fue el de las "transferencias corrientes", que incluye numerosas posibilidades como giros a los municipios para financiar gastos corrientes, subsidios a familias carenciadas, beneficios sociales, giros a dependencias en el exterior, etcétera. Este concepto creció un 128,6% y representa la cuarta parte del presupuesto de las provincias.
Sin embargo, en términos porcentuales el ítem que más se expandió fue el del pago de intereses de la deuda que creció un 437%, pasando de 266 millones en 1991 a más de 1.430 millones en 1999.
Los autores del estudio indican que "esto no hace más que reflejar la mala evolución de las finanzas públicas provinciales". Los reiterados déficits obligaron a contraer más deuda, con el consiguiente mayor peso de los intereses.
Este panorama obligó a la Nación a implementar el Programa de Asistencia Financiera y Saneamiento Fiscal durante el año pasado. Sin embargo, cabe destacarse que hay jurisdicciones que presentan una sólida situación financiera como es el caso de San Luis, La Pampa y Santa Cruz.
En cuanto a la autonomía de las provincias para financiar su gasto, el grado de autofinanciamiento fluctuó entre el 29% y el 33%, lo cual significa que las provincias sólo podrían financiar un tercio de su gasto total con recursos propios.
Cambio de mentalidad
Los autores de la investigación concluyen que todo este panorama muestra una clara dependencia de las transferencias efectuadas por la Nación (fondo de coparticipación, ATN, fondos específicos, etcétera). Esta falta de correspondencia entre gastos y recursos genera "comportamientos irresponsables y pervierte el concepto de federalismo" señalan los autores del estudio.
Por otro lado, la coparticipación induce un comportamiento procíclico de las finanzas provinciales: se reciben inyecciones de fondos en momentos de auge y se enfrentan severas restricciones en las crisis. Además, el hecho de que algunos impuestos sean coparticipados (como el IVA, por ejemplo) y otros no (impuestos al trabajo), lleva al gobierno nacional a sesgar su política tributaria a favor de los gravámenes no coparticipables.
Por eso recomiendan avanzar hacia una mayor descentralización de impuestos a nivel provincial, y a la determinación de criterios objetivos de distribución tendientes a lograr una prestación adecuada de un conjunto de bienes públicos, incluyendo principalmente salud y educación.
La Ciudad
