Uno de los más encumbrados y prestigiosos empresarios de nuestro medio, Roberto Paladini, expresó hace pocas horas respecto del proceso licitatorio para la concesión del puerto rosarino que esta tarea debe ser absolutamente transparente. Nadie, en un país avasallado por actos de corrupción y actitudes improvisadas que lo llevaron a este desbarajuste social, puede no estar de acuerdo con esta meticulosidad sustentada por el empresario que no es sino el reflejo vivo de lo que anhela la sociedad.
No obstante, en un país que requiere de manera urgente el inicio de nuevos movimientos productivos y aperturas de fuentes de trabajo, la excesiva puntillosidad en los actos de gobierno, más allá de lo razonable y requerido, demora los emprendimientos y hace trastabillar cuando no caer toda iniciativa que contemple la reapertura de lo económico y social. Como decía Spinoza: "Si un bien evita que disfrutemos de bienes mayores, será en realidad un mal". Y en el puerto de Rosario, mal que les pese a algunos, parece estar ocurriendo eso. La lentitud que algunos miembros del directorio del Ente Autárquico Puerto Rosario (Enapro) están imprimiendo al proceso, amenaza en cierta forma con hacer fracasar la licitación. El único interesado en el puerto local, el Puerto de Tarragona, con algunas otras empresas asociadas, podría cansarse de la burocracia rosarina y al fin retirarse, con lo que la ciudad perdería por un largo tiempo no sólo la oportunidad de reactivar su puerto, sino cuatrocientos puestos de trabajo de manera directa, y muchos más que, como se sabe, de manera indirecta genera cualquier fuente laboral.
En el marco de la licitación, hasta ahora se procedió a la apertura del primer sobre de un total de tres. Pero aun cuando la afamada y reconocida consultora internacional Ernst & Young el 2 de mayo pasado en un informe le señaló al directorio del Enapro que "el grupo oferente satisface los requerimientos de antecedentes económico-financieros y los requerimientos de antecedentes técnico-operativos" y que "el Enapro está en condiciones de proceder a la apertura del sobre número dos", esto último aún no ha ocurrido y la licitación está paralizada. ¿Por qué? Acaso un excesivo celo en cada paso que se da. De los seis miembros que actualmente tiene el directorio sólo dos, de manera firme, están dispuestos a proceder a la apertura del sobre número dos rápidamente y seguir adelante con la licitación: el representante de los productores, Miguel Calvo, y la presidenta de la entidad portuaria, María Herminia Grande.
Un dato significativo
Ahora bien, en el marco de este tema no puede dejar de mencionarse en este punto algo significativo: los puertos privados, asentados mayoritariamente fuera de Rosario (Puerto General San Martín y Alvear, por ejemplo) junto con la Bolsa de Comercio de Rosario y empresas de ferrocarriles, han impulsado el proyecto conocido como Circunvalar, que no es otra cosa que un gran semicírculo vial y ferroviario que se extendería desde la localidad de Alvear hasta Puerto General San Martín por las afueras y sin entrar a la ciudad de Rosario (concretamente por la ruta AO12) con el propósito de trasladar a través de camiones y trenes los productos a exportar por las terminales privadas de esas zonas.
En un país en donde el empresariado estuvo mal acostumbrado a ser subsidiado por el Estado y adicto a obtener sus ganancias a partir de la poca o nula inversión (como quedó demostrado en muchos casos, por ejemplo con numerosas rutas que primero fueron arregladas por el Estado y después entregadas en concesión vial) no sería ajeno a la improvisación argentina lo que se asegura en diversos ámbitos: que las terminales portuarias de la periferia rosarina tendrían la esperanza de que el gobierno de la provincia se haga su cargo la realización de la obra. Y aun cuando esta no sea sino una reflexión al margen del tema que nos ocupa, el proyecto Circunvalar tiene mucho que ver (al menos así parece) con el puerto de Rosario y puntualmente con su concesión y la actual licitación.
El mencionado emprendimiento vial y ferroviario no contempla la participación de la estructura urbana ni económica rosarina; es decir, lisa y llanamente Rosario y su puerto parecen estar excluidos del proyecto. Ahora bien, según ha trascendido de fuentes confiables, varias de las personas que integran el directorio del Enapro cumplen funciones en empresas directamente vinculadas con quienes impulsan esta iniciativa.
Intereses contrapuestos
Aun cuando ello no supone de ninguna manera una actitud reprochable, sí es absolutamente cierto que de ser tal como se asegura, podría darse lugar a suponer que existen intereses contrapuestos, además de claras incompatibilidades que vendrían a ensombrecer el proceso licitatorio del puerto de Rosario, echando un manto de duda sobre esa transparencia y el inmaculado proceso licitatorio proclamado.
La fuentes consultadas reconocen, por ejemplo, que existen directores vinculados a empresas aceiteras que forman parte de la Bolsa de Comercio -empeñada en el proyecto Circunvalar- y representantes de agencias marítimas vinculadas con las terminales privadas por razones comerciales. De ser así, y aun cuando no existan dudas sobre la honorabilidad de estos directores, una razón ética determina que deberían apartarse sino del Enapro, al menos de entender en la actual licitación.
Lo cierto, lo real, es que, aun cuando la firma oferente ha cumplido con los requisitos establecidos en el pliego, la licitación se dilata. Ahora se han solicitado nuevas garantías no obstante que la empresa ha garantizado al momento de comenzar las operaciones portuarias treinta y cinco millones de dólares, valor que seguramente no tienen las vetustas y desmanteladas instalaciones del puerto.
Mientras tanto, y con razón, muchas entidades intermedias de la ciudad de Rosario, entre ellas, cámaras comerciales, empresas siderometalúrgicas, así como entidades financieras, comienzan a mostrar su preocupación por esta demora. Sin contar, naturalmente, a los trabajadores portuarios que en forma directa y sin tapujos han marcado ya su preocupación sobre el asunto.
El gobierno de la provincia, que increíblemente tiene un solo representante en el Enapro como consecuencia de una ley vigente inadecuada que debería modificarse de inmediato, y la Municipalidad de Rosario, que también tiene en el organismo un representante, pagarán el costo político si esta licitación fracasa. Y lo harán en un triple marco: el haber permitido que cientos de personas se quedaran sin trabajo, que la actividad comercial e industrial rosarina no se reactivara y el tolerar (si es como se afirma) que personas con supuestos intereses, directos o indirectos, en otros puertos privados y otros proyectos, decidan en una licitación de esta envergadura. Y aun cuando tales directores abriguen el mejor de los propósitos, sería sabio y plausible, en medio de una sociedad sensibilizada, que se excusaran de entender en el caso.
La Ciudad
