El gobierno provincial estudia implementar controles de alcoholemia en las rutas, que serían realizados por la policía junto a municipios y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la seguridad vial. El espíritu del proyecto es concientizar y no penalizar, advirtieron las autoridades.
La idea fue tomada de la experiencia de un grupo de padres que hicieron operativos similares en distintas localidades. Cuando se apruebe el decreto correspondiente, la Municipalidad de Rosario podrá hacer alcohotest en Circunvalación, pero ajustándose a la normativa provincial.
En tanto, sigue en marcha la unificación del sistema de control de velocidades mediante radares en el territorio santafesino. Tras varios anuncios, las autoridades estiman que "está pronto a salir", ya que el expediente tiene el okey de Fiscalía de Estado, tras dos meses de estudio.
El proyecto del control de alcoholemia está siendo analizado en el seno del Ejecutivo. Fue presentado por el Consejo de Seguridad Vial que, en su reunión mensual del próximo martes, volverá a insistir sobre la cuestión. Plantea la realización de controles en las rutas que atraviesan la provincia, incluso las nacionales. "El proyecto consiste en darle cobertura legal a los operativos de control que hacen las comunas en los caminos de provincia", apuntó a La Capital el subsecretario de Transporte, Carlos Muia.
Cansado de los accidentes de tránsito con jóvenes como víctimas en las rutas provinciales, un grupo de padres comenzó a realizar operativos para intentar frenar el consumo de alcohol, una de las principales causas de las colisiones. Se hicieron en San Jorge, Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol, Los Cardos y Chabás, entre otros lugares.
La idea es extenderlos a toda la jurisdicción de Santa Fe, supervisados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Y en los ejidos urbanos, los gobiernos municipales podrán hacer los operativos acompañados por la Policía y las ONGs.
"El espíritu es concientizar. Si un conductor supera el máximo de alcohol permitido (0,5 gramos por litro de sangre) tendrá que esperar hasta que se le vaya el efecto o dejar el volante a algún acompañante que esté en condiciones de manejar", explicó un asesor del Consejo.
El senador provincial Daniel Depetris (departamento San Martín) es autor del proyecto original sobre el tema. En cuanto a la aplicación de sanciones, el legislador aclaró que por ley la policía está obligada a dar cuenta a la Justicia de Faltas en los casos de conducción peligrosa, cuando hay 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre o cuando el conductor se resiste al control. En estos casos sí puede haber sanciones por parte del juez.
Muia aseguró que con esto Rosario podrá hacer operativos en Circunvalación. En esa ruta deberá acogerse a la normativa que la provincia apruebe. Pero la concepción que tiene la Intendencia local es otra. En el ejido urbano, cuando el municipio detecta a un conductor alcoholizado, lo multa y remite el automóvil al corralón, tal como lo dispone la ordenanza vigente.
Tanto para controles de alcoholemia como de velocidades, la cuestión de la jurisdicción de las rutas fue zanjada por la Fiscalía de Estado, según el subsecretario de Transporte. "Se aplica el concepto de «federalismo concertado», ya que como la Nación no puede controlar en cada municipio, la facultad la adquiere la provincia, que a su vez la delega en los municipios", explicó.
Los trámites de aprobación del proyecto y la firma del gobernador son lentos. El expediente debe volver a manos de la fiscal de Estado para después seguir al despacho de Reutemann. "Pero es intención del primer mandatario de trabajar en lo que sea bajar el número de accidentes", dijo Muia.
Se unifica el sistema de radares
La unificación del sistema de radares parece estar más cerca. El expediente, aprobado ya por Fiscalía, pronto saldrá del Ministerio de la Producción y estará en manos de Reutemann.
El proyecto elevado al gobernador tiene un cambio. Según Muia, a las fotos que toma el radar no se las considerará más como una plena prueba de la falta. "Será una prueba para iniciar de oficio el proceso de juzgamiento y el supuesto infractor puede presentar una contraprueba si es que considera no haber cometido esa falta", señaló.
Los radares que hoy funcionan están autorizados hasta el 31 de julio. El nuevo proyecto fija criterios comunes para su aplicación: los equipos deberán ser autorizados por la Subsecretaría de Transporte, estar en zonas visibles y señalizada su localización, la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora en zonas urbanas (con una tolerancia de un 5%) y se unificará el monto máximo de las multas.