Brasilia. - A una semana de la fecha prevista para su inicio, el programa de racionamiento de energía en Brasil amenaza con naufragar, a raíz de la dura oposición de la Justicia a las medidas dictadas por el gobierno para asegurar la adhesión de los brasileños a la meta de reducir en un 20 por ciento del consumo de electricidad. Los juristas del gobierno buscaban ayer anular un fallo preliminar dictado por una corte federal de la ciudad de Marilia, en el estado de San Pablo, que prohibe a las compañías distribuidoras de energía cobrar las sobretasas de hasta un 200 por ciento sobre los excesos de consumo y de castigar con cortes de electricidad de hasta seis días a los que no cumplan las metas de ahorro.
Al mismo tiempo, el presidente Fernando Henrique Cardoso podría ver anulado por la Justicia una medida provisoria que suspende la vigencia del Código de Defensa del Consumidor mientras dure el período de racionamiento, previsto en principio para durar hasta el 30 de noviembre.
Ante la airada reacción de los juristas a la medida, calificada de autoritaria, Cardoso admitió ayer la posibilidad de cambiar su texto, para evitar violar "principios fundamentales de la democracia". En un rápido discurso, el mandatario dijo que pidió a sus asesores reunirse el lunes con entidades de defensa de los derechos del consumidor, para debatir la posibilidad de realizar "correcciones" en el texto de la polémica medida provisoria que entró ayer en vigencia.
Ola de protestas
La norma provocó una ola de protestas en todo el país, y seis de los once magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), consultados por la prensa local bajo la protección del anonimato, coincidieron en que el decreto presidencial es inconstitucional, y sería anulado si fuese cuestionado ante la Corte Suprema.\En respuesta a una consulta del diario Folha de Sao Paulo, los jueces de la máxima corte brasileña apuntaron que la suspensión de la vigencia del Código de Defensa del Consumidor hiere a dos disposiciones de la Constitución. El Abogado-General de la Unión, Gilmar Mendes, quien buscará defender la vigencia de las medidas de racionamiento, justificó la medida alegando que la Medida Provisoria "sólo regirá mientras esté vigente el racionamiento, lo que es una situación excepcional".\Según Mendes, el decreto busca evitar una ola de demandas judiciales contra las empresas distribuidoras en momentos que la escasez de agua en los reservatorios que abastecen a las plantas hidroeléctricas impide un suministro "normal y continuado" de electricidad, uno de los derechos asegurados por el Código del Consumidor.\Sin embargo, varios juristas calificaron las medidas de "autoritarias", y similares a los decretos-ley dictados durante los 21 años de dictadura militar (1964-85). "Tenemos la impresión de haber regresado a 1964... Quieren sacar del Poder Judicial el poder de manifestarse sobre el derecho individual y colectivo. Cuatro o cinco personas de la Cámara de Gestión de la Crisis Energética asumen el poder de dictar normas, pasando por encima de las leyes y de la Constitución", sostuvo el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Rubens Approbato.\Asimismo, el jurista Saulo Ramos sostuvo que las normas del racionamiento son ilegales en un ambiente de normalidad institucional: "El gobierno sólo podría recurrir a una legislación de emergencia si hubiese dictado estado de defensa o estado de sitio".
La Ciudad
