Efectivos de la Policía Federal intervinieron en la voladura tanto de la embajada de Israel como de la Amia al asegurar un "área libre" o "zona liberada" que les permitiera a los terroristas trabajar a sus anchas. Esta es una verdad incontrovertible, a pesar de que la Corte Suprema y el juez federal Juan José Galeano se hayan negado durante años siquiera a considerarla como hipótesis.
En el caso de la embajada de Israel, no sólo los custodios habían hecho mutis por el foro poco antes de que se produjera el atentado, sino que un patrullero que se encontraba en las inmediaciones fue alejado del lugar, convocado falsamente por el propio Comando Radioeléctrico para que acudiera a la Cancillería, so pretexto del robo de una lapicera fuente.
En el de la Amia, ambos custodios hicieron mutis por el foro de la misma manera, alertados previamente por los ocupantes de un patrullero y enseguida por un suboficial de la comisaría 7ª de paisano.
Uno de los policías, que quizá no estuviera muy enterado de la gravedad de lo que estaba por suceder, y que luego del atentado pidió la baja y se pudo a predicar, el sargento Adolfo Guido Guzmán, se cruzó al bar de enfrente de la Amia, donde pidió un té y recibió allí heridas leves. Pero el otro, el cabo 1º Jorge Eduardo Bordón, responsable del patrullero descompuesto que estaba cerca de la puerta de la mutual judía, fue visto cuando se retiraba y doblaba la esquina. También Rosa Montano, la madre del pequeño Sebastián Barreiro, de apenas 5 años, muerto por el bombazo, dijo haber notado que segundos antes de la tragedia que signó para siempre su vida, en el patrullero no había nadie.
La historia oficial que sitúa a Bordón dentro del móvil no se sostiene, ya que hubiera fallecido alcanzado por las decenas de fragmentos de metralla que atravesaron el capó y ambos asientos delanteros. En cuanto al suboficial de paisano que presumiblemente les avisó a los uniformados de lo que estaba por pasar, el cabo 1º Miguel Angel Rodríguez (también de la comisaría 7ª, aunque era desconocido por muchos de sus efectivos porque estaba siempre en comisión gracias a su amistad con el comisario) pretextó que había estacionado allí porque tenía que llevar a una hija adolescente al cercano Hospital Clínicas a causa de tener que hacerle una intervención quirúrgica a causa de un problema neurológico.
Cruz diablo
Dos miembros de un equipo de investigación contratado por la propia Amia se presentaron en el juzgado de Galeano el 6 de julio de 1995 para denunciar, entre otras muchas cosas, la evidente falta de custodia policial al momento de cometerse el atentado.
El abogado de la Amia, Luis Dobniewski, que debía acompañarlos, se había negado a hacerlo durante largas semanas con distintos pretextos, por lo que acudieron en compañía de un letrado particular, el ex fiscal Aníbal Ibarra, actual jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Apenas presentaron el escrito, fueron llamados desde adentro del juzgado por el secretario Javier De Gamas. Entre otras cosas, y haciendo ostensibles gestos de que la conversación podría estar siendo grabada, De Gamas les dijo que era una decisión del juzgado no meterse con la Policía Federal, cuyos efectivos de paisano recorrían como Pancho por su casa.
Galeano se vio obligado a cambiar de filosofía y pedir el procesamiento de los jefes del Departamento de Protección al Orden Constitucional (Dpoc) cuando fue evidente para todo el mundo que tal dependencia se había convertido en un "triángulo de las Bermudas" en que desaparecían sistemáticamente evidencias que hubieran permitido identificar a los terroristas.
Cuando Galeano pidió a las comisarías 5ª y 7ª que le informasen oficialmente acerca de la identidad y los turnos que habían cubierto los policías que habían custodiado la Amia en la época anterior al atentado, los listados que se le dieron fueron incompletos e ignoraron las reiteradas guardias cumplidas por dos de ellos, tal como puso de manifiesto una investigación del departamento de Asuntos Internos de la PFA.
El nombre de uno de los policías encubiertos, Mario Ortiz, alias El Negro, ya estaba en el expediente judicial. Según fuentes del propio juzgado, de las grabaciones efectuadas a conversaciones telefónicas mantenidas entre el apoderado del Modín riquista, Alejandro Rodríguez Day, el sargento carapintada Jorge Orlando Pacífico y un ex funcionario del Ministerio del Interior, Guilermo Alberto Nyari, podía deducirse que estas personas tenían información puntual acerca de la participación en el atentado de un policía llamado Mario Ortiz y apodado El Negro y del subinspector Walter Rial, alias Chispita.
Sin embargo, cuando fueron convocados a declarar en el juzgado, los carapintadas (que estaban a menos de doscientos metros de la AMIA cuando se produjo su voladura) y el ex subordinado del ministro Carlos Corach se encargaron de diluir sus dichos ante la pasividad del juez.
El ex funcionario Nyari, tras reconocer su amistad con ambos policías, dijo que ellos le habían asegurado tener "una punta del tema Amia", pero que a la hora de la verdad, la información que le habían ofrecido era irrelevante. Y el sargento Pacífico, un experto en explosivos, que también conocía a ambos policías, se encargo de terminar de aguar el candente asunto ante la pasividad del juez.
Refiriéndose a ello, los periodistas Román Lejtman y Raúl Kollmann escribieron entonces que Galeano tenía "importantes evidencias para forzar el pase a retiro de un puñado de comisarios y subcomisarios con conexiones con Balcarce 50", es decir, con la Casa Rosada, pero que había decido postergar "una grave denuncia que podría tener un fuerte impacto político" a cambio de seguir contando con la "colaboración" (sic) de la Policía Federal.
Obstáculos a una investigación
Las comisarías 5ª y 7ª dificultaron todo lo posible la presentación de testimonios que pudieran servir para identificar a los terroristas. Los cadáveres de las víctimas fueron sistemáticamente saqueados de sus pertenencias. Quien había sido el titular de la comisaría 7ª en el momento de cometerse el atentado, Gastón Gustavo Fernández (es decir, el jefe de los cabos Bordón y Rodríguez) un hombre que había sido entrenado en las escuelas contrainsurgentes de la zona (norteamericana) del canal de Panamá y luego había sido entrenador de los "grupos de tareas" de la PFA que participaron en la llamada "guerra antisubversiva" secuestrando a miles de personas, no sólo fue no fue sancionado, sino que siguió ascendiendo tranquilamente. Hasta el punto de que su nombre sonaba como candidato de los sectores más "duros" de la PFA para acceder a la jefatura misma de la institución cuando asumió el presidente De la Rúa.
Por suerte, el ministro Federico Storani logró imponer al actual jefe, el comisario Rubén Santos, que no siendo tan santo, al lado de Fernández lo parece.
En síntesis: la participación de efectivos de la PFA en ambos atentados antijudíos era tan obvia que la custodia de las instituciones de la colectividad fueron encomendadas desde entonces y por largos años a la Gendarmería y a la Prefectura.
Dio la casualidad que el asesinato a mansalva días pasados de dos infortunados policías de la comisaría 7ª sirvió para que un coro de voces proponga otorgarles "superpoderes" a los efectivos de la PFA, lo que parece ser un caso testigo para las restantes policías del país.
No parece lógico que las "zonas liberadas" que hicieron posible la desaparición de miles de personas y el crimen más cruento de la historia argentina -que eso fue y es la voladura de la Amia- se extiendan ahora a todas las actividades de la sociedad.
La Ciudad
