El detenido ex interventor del Pami Víctor Alderete se negó a declarar en la causa en que se lo investiga por presunta malversación de caudales cuando estaba al frente de la mayor obra social del país.
Tras anticipar que no iba "a contestar preguntas", el ex funcionario menemista efectuó una exposición en la que explicó que "no se demostraron perjuicios" a la entidad que encabezaba a raíz de los contratos celebrados entre el Pami y establecimientos geriátricos contratados por esa obra social.
En la causa -que tramita ante el juez federal Claudio Bonadío- se investigan presuntas maniobras ilegítimas cometidas cuando el Pami otorgó a la Federación de Geriátricos de la República Argentina (Fegera) la "tercerización" de la cápitas para la atención de los jubilados.
Las fuentes reseñaron que el Pami -mediante una contratación del orden de los 10 millones de pesos mensuales- otorgó a Fegera el "gerenciamiento" de alrededor de 17 mil cápitas de jubilados, cuando se supone que, en realidad, el número de ancianos atendidos era mucho menor.
Oportunamente, Bonadío había procesado a directivos de Fegera, pero posteriormente la Cámara Federal revocó ese pronunciamiento, dispuso la "falta de mérito" y ordenó al magistrado que profundice las investigaciones. En virtud de la orden de la Cámara, el juez Bonadío procedió a reindagar a los integrantes de Fegera y a los miembros del directorio del Pami en una extensa ronda de diligencias que culminó con los dichos de Alderete.
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La Ciudad
