Fallo II

Sentencia a favor de la prensa en EEUU

La Corte Suprema dijo que los medios no cometen delito al difundir grabaciones obtenidas en forma ilegal

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos eximió el lunes de responsabilidad a los medios informativos que revelen el contenido de llamadas telefónicas interceptadas y grabadas ilegalmente por terceros. En un fallo aprobado por seis votos contra tres, el máximo tribunal dijo que las libertades de expresión y de prensa garantizadas por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos impiden la imposición de esa responsabilidad a los medios.
La posibilidad de sanciones a los medios había sido sugerida por una ley federal contra escuchas electrónicas, que pena la interceptación de conversaciones privadas.
El magistrado John Paul Stevens dijo, en el fallo que redactó en nombre de la mayoría, que cuando un medio de información ha obtenido datos de una fuente que a su vez los logró de manera ilegal, el gobierno no deberá castigar la publicación subsiguiente.
Stevens dijo que la conducta ilegal de un extraño no basta para eliminar la protección de la Primera Enmienda a la libertad de expresión en torno a un asunto de interés público.
El fallo fue un revés para el Departamento de Justicia, que había defendido la ley orientada a la protección de las conversaciones telefónicas privadas y otras conversaciones a través de medios electrónicos.
La decisión del máximo tribunal se refiere a un caso del estado de Pennsilvania, en el que la grabación de una conversación por teléfono entre dos funcionarios de un sindicato fue luego entregada a una radioemisora, que la difundió repetidamente.
El caso comenzó en 1993, cuando una conversación entre dos funcionarios de un sindicato de maestros (uno de los cuales hablaba desde un teléfono celular) fue grabada por un desconocido.
Gloria Bartnicki era la negociadora jefe del sindicato magisterial durante prolongadas negociaciones contractuales con el distrito escolar del oeste de Wyoming Valley en Pennsilvania, a principios de la década de 1990.
En la conversación de 1993 con Anthony Kane, el presidente del sindicato, Bartnicki se quejó de la renuencia de la junta escolar para aprobar una propuesta de aumento salarial del 3,0 por ciento.
Ambos discutieron la posibilidad de volar los pórticos de las casas de los miembros de la junta escolar que no parecían dispuestos a cooperar con la iniciativa. Una copia de la conversación grabada fue colocada en el buzón de Jack Yocum, quien lideraba un grupo opuesto a la iniciativa sindical. Yocum entregó una copia de la cinta al periodista Frederick Vopper, de una radio local, quien la difundió repetidamente.
Bartnicki y Kane se querellaron contra Yocum, Vopper y dos radioemisoras, tanto bajo las leyes estatales como federales, por divulgar la cinta de la conversación interceptada.
La Corte Suprema dijo que un tribunal federal de apelaciones actuó correctamente al sobreseer en la querella aduciendo la libertad de expresión y dijo que la Primera Enmienda protege la divulgación en el caso.