Algunas cosas han cambiado en Catalunya en los últimos tiempos. Jordi Pujol, sempiterno presidente de la Generalitat anunció el mes pasado que no volverá a presentarse a elecciones. Con su retiro acaba una etapa de afirmación centrada en la defensa del catalán como factor definitorio de identidad.
Aunque el mandato de Pujol aún no ha concluido, ya han podido apreciarse señales de que, con sus aciertos y errores, la política que llevó a Catalunya a un saludable margen de orgullo nacional y de autoafirmación necesita un lavado de cara. El más notable de estos síntomas es el desinterés por la política local, apreciable en las últimas elecciones autonómicas con altos índices de abstención. Estos fueron el resultado del desgaste producido por una etapa en la que se puso el acento en la existencia de un "enemigo" llamado España, ante el cual había que oponer el idioma catalán. Esta política, fundamental durante el franquismo y la posterior transición al régimen democrático, acabó por ser un lastre con el pasado ante las grandes movilizaciones internas y externas que en las últimas décadas han cambiado la fisonomía de Catalunya. Y lo que acabó con esa etapa fue, curiosamente, el uso político del idioma catalán. Como si el pez muriera por la boca.
En 1998 la Generalitat aprobó una Ley de la Lengua Catalana que, según un informe posterior sobre derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano, generaba "discriminación contra los ciudadanos hispanohablantes y la imposición de una hegemonía lingüística a una población diferente". Además de ubicar al catalán como primera lengua en los institutos de enseñanza y oficinas públicas, la ley obligaba a las distribuidoras cinematográficas a doblar al catalán la mitad de las copias de las películas más taquilleras, algo que fue duramente rechazado por considerárselo discriminatorio y comercialmente inviable.
A la acusación del Departamento de Estado norteamericano se sumó recientemente una denuncia presentada en el Parlamento Europeo por la plataforma Convivencia Cívica en la que se afirmaba que el castellano es perseguido en Catalunya.
Un estudio reciente de la Fundación La Caixa reveló que el 85% de los padres de estudiantes en colegios dependientes de la Generalitat reconoció que sólo se utiliza el catalán en las aulas. En el estudio se subraya que "algunos representantes políticos y de padres de alumnos han acusado a la Generalitat de seguir una política escolar de inmersión lingüística en el catalán y de discriminación del castellano como medio para conseguir, en un futuro, una sociedad monolingüe".
Una sociedad multicultural
En su beneficio los partidarios de una revisión de la política lingüística en Catalunya agitaron la polémica que suscitó la sanción impuesta a la profesora Josefina Albert, de la Universidad Rovira i Virgili, por entregar un examen de ingreso en castellano.
El ocaso de la figura más representativa de la política catalana de los últimos veinte años es el colofón de una etapa de la historia de ese país. Pujol quiso forjar una comunidad lingüística pero Catalunya sobrepasó sus expectativas para convertirse en una sociedad multicultural. Los políticos catalanes que lo sucedan tendrán que asumir el desafío de alentar los particularismos en una sociedad cada vez más globalizada. Este es el próximo desafío para Catalunya.
La Ciudad
