Aunque aún no están consensuados los cambios a introducir, los jefes de los bloques de senadores justicialistas y radicales aseguran que la abortada aprobación de la reforma política será completada en la sesión de pasado mañana, tanto en general como en particular.
El justicialista José Luis Gioja y el radical Jorge Agúndez están convencidos de que el fracaso de la última sesión fue una simple cuestión de quórum sin mayor trasfondo político y que para este miércoles estarán saldadas las diferencias que aún persisten.
No obstante, en forma reservada, hay varios senadores que aún se mantienen en contra de algunos aspectos de la norma, especialmente en el punto crucial de la iniciativa: el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos.
Gioja aseguró que "el justicialismo está dispuesto a aprobar en general y en particular" el proyecto, pero advirtió que impulsarán algunos cambios con respecto al dictamen que emitió la comisión de Asuntos Constitucionales.
Una de esas modificaciones sería que las elecciones internas abiertas que dispone la propuesta para elegir candidatos a presidente y vicepresidente se haga extensible a todos los cargos electivos nacionales, con lo cual quedarían incluidos los senadores y diputados.
También quieren establecer una cláusula para que ningún funcionario público o legislador pueda ganar un salario superior al del presidente de la Nación.
Otro aspecto que algunos senadores quieren modificar es la exclusión de la figura del fiscal electoral, por considerar que "el mismo fiscal de cámara puede actuar sin que sea necesario incrementar los gastos", y la eliminación de las listas sábana, que originalmente no estaba incluido en el paquete a debatir.
Todos estos temas fueron conversados en el bloque en una reunión informal realizada el jueves pasado, ocasión en la que se acordó que sea José Carbonell el encargado oficial de reunir las nuevas propuestas y elaborar las modificaciones al dictamen (hay muchos que acusan a Jorge Yoma, presidente de Asuntos Constitucionales, de "cortarse solo" y por eso quieren acordar por afuera).
A diferencia del PJ, en el radicalismo no hay objeciones con el proyecto, ya que según Agúndez en su bancada "no hay grandes discrepancias ni resistencias".
Para el jefe de la bancada oficialista "la imposibilidad de votar el miércoles pasado no fue un fracaso. Sólo fue producto de que se estiró mucho el debate".
Pero el optimismo de los titulares de los bloques contrasta con algunos sectores del justicialismo en los que aún existe resistencia con el capítulo que limita las posibilidades de financiación de los partidos y de las campañas.
En este sentido el proyecto establece que los partidos no podrán recibir por año calendario contribuciones de una misma empresa superior al 2 por ciento del total de gastos permitidos, con lo cual el tope en los distritos más populosos sería de 200.000 pesos por cada persona jurídica.
Además indica que el monto total que pueden gastar los partidos políticos en la campaña electoral es de un peso por cada elector habilitado, con un piso mínimo de 500.000 votantes para aquellos distritos pequeños.
Los justicialistas que se oponen a esta propuesta argumentan que "no se puede poner ese techo al aporte de los privados, porque así no se puede hacer campaña y se va a terminar fomentando los aportes en negro". También existen objeciones para la imposibilidad de recibir aportes de empresas extranjeras y de organizaciones sindicales.
Consenso en otros puntos
A diferencia de lo que ocurre con el conflictivo capítulo de financiamiento, el resto de la iniciativa cuenta con amplio consenso. Aquí se incluyen la obligatoriedad de realizar internas abiertas para los cargos de presidente y vicepresidente y la limitación de la duración de las campañas: 90 días para presidente y vicepresidente y 60 para las de legisladores nacionales (el PJ quiere acortar aún más el período para los comicios de octubre próximo).
También la creación del cargo de fiscal general de segunda instancia para actuar ante la Cámara Nacional Electoral.
El tema se empezó a debatir el miércoles pasado, pero cuando llegó el momento de votar, no hubo quórum en el recinto, con lo cual se debió acordar retomar esa trámite en la sesión de esta semana.
La Ciudad
