La causa judicial en torno a la llamada mafia de los remates que conduce el juez de instrucción Carlos Alberto Carbone va teniendo distintas derivaciones. En un intento por transparentar las subastas y combatir a la llamada cooperativa, se supo ayer que la Corte Suprema estudia mudar nuevamente la sede de los remates de la Asociación de Martilleros (Entre Ríos 238), donde hoy se llevan a cabo, a la ex Jefatura de Dorrego y Santa Fe. También se conoció que un miembro del Poder Judicial propuso al máximo tribunal de Justicia convertir las subastas en licitaciones. Y en el plano de las causas abiertas para investigar irregularidades, el tesorero de la Asociación de Martilleros, Amadeo Chaina, detenido la semana pasada por presuntas maniobras en los remates, terminó procesado por una denuncia anterior sobre malversación de fondos y retención indebida de dinero. El juez que lo procesó, Carlos Triglia, lo calificó con el término elocuente de "martillero infiel".
Esta no es la primera vez que las irregularidades llevan a la Justicia a mudar la sede de los remates. Hasta abril de 2000, se hacían en los Tribunales provinciales, pero luego se resolvió trasladarlos a la Asociación de Martilleros. Tras varias subastas escandalosas que tuvieron por escena a la asociación, en diciembre la Corte empezó a analizar otro traslado, esta vez a la ex Jefatura. Ahora, la investigación aceleró los tiempos.
Según trascendió, esta mudanza se debatió anteayer entre autoridades de la Corte y del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, la idea requerirá mucho análisis, ante el temor de que los remates tengan como escenario muy próximo un ámbito político crucial: la sede de gobierno santafesino en Rosario.
Más ideas en estudio
Pero esto no es todo. A partir de los hechos que comenzaron a salir a la luz con la investigación del juez Carbone, estaría germinando una nueva idea: convertir las subastas en licitaciones.
El mecanismo sería que ante la necesidad de rematar una casa u otro bien, el juez a cargo convocaría a una licitación de carácter público o privado. De ese modo, los interesados estarían obligados a presentar sus ofertas en sobre cerrado y luego el magistrado directamente otorgaría el bien a quien haga la mejor oferta.
Esta idea ya habría sido propuesta por un integrante del Poder Judicial a la Corte Suprema. Las autoridades del tribunal estarían dispuestas a estudiarla, convencidas de que podría ser un buen mecanismo para garantizar la transparencia de los remates, combatir a las supuestas mafias y evitar lo que llaman "el circo periodístico" en torno al tema.
Sin embargo, se trata de un proyecto que debe ser analizado en profundidad para ver si es viable legalmente.
En el plano estrictamente judicial también hubo novedades. Esta vez, en una causa penal abierta por malversación de caudales y retención indebida de dinero a Amadeo Chaina, tesorero de la Asociación de Martilleros y también imputado en la investigación de Carbone por el arreglo de remates.
La causa se originó cuando el tesorero actuaba como interventor judicial en la Cooperativa de Carniceros de Rosario de Provisión y Transformación Limitada, demandada judicialmente.
Según la resolución de Triglia, Chaina se quedó con una suma cercana a los 28 mil pesos. El magistrado comenzó a investigar al martillero luego de que el juez laboral Nicolás Vitantonio remitiera actuaciones a la Justicia penal advirtiendo un posible dolo en la entidad intervenida.
Según trascendidos, en febrero del 98 se ordenó a Chaina retener el 20 por ciento de la recaudación de la cooperativa hasta cubrir una suma de 37 mil pesos. No obstante, cinco meses después el abogado de la parte demandante requirió a la Justicia que intimara a Chaina a "rendir cuentas de su gestión" y detalló las sumas que debería haber retenido, pero que no cumplió: Chaina sólo presentó dos boletas de 700 pesos y otra de 500.
Ante la presunción de irregularidades, Chaina fue destituido y más tarde se determinó que había recibido pagos semanales de 500 pesos por un total de 30 mil, pero sólo rindió una ínfima parte de esa suma y se quedó con 27.600 pesos.
En su resolución, Triglia llamó a Chaina "martillero infiel". El procesamiento no pasó inadvertido para Carbone en la causa que sigue por la mafia de los remates, lo que contribuyó a que le denegara el pedido de excarcelación. Igual medida, fundada también en el número de víctimas y porque aún pueden presentarse más denuncias, tomó sobre el pedido de los martilleros Clemar Sánchez y Rosanna Fagniani, y los particulares Roberto Cazzolino y Alberto Conde. No se descartaba que en las próximas horas Carbone ordene la captura de Carlos Berraz, socio de Sánchez y oriundo de Paraná.
La Ciudad
