Los presos que el 2 de noviembre de 1999 se amotinaron en la U3 lo hicieron por su propia voluntad y actuaron con violencia. A esa conclusión llegó el juez de la causa, José María Casas, en el fallo en que condenó a los diez acusados a penas de hasta 3 años de prisión.
Si bien los presos fueron sancionados por infracción a las reglas carcelarias, el juez entendió que existió un hecho delictivo y, por lo tanto, debía ser condenado por la Justicia.
Para el juez de Sentencia José María Casas la existencia del delito quedó acreditada a partir del secuestro de las armas blancas usadas para apresar a los custodios, si bien no se halló el colchón con el que habría sido envuelto López. También se hallaron seis sábanas anudadas en forma de soga, con ganchos metálicos en los extremos, que los presos iban a usar para fugar.
Para Casas, los presos iniciaron los reclamos al frustrarse la fuga "por miedo a represalias presentes y futuras si permanecían en ese lugar bajo la custodia de las mismas autoridades".
Según el expediente, los pabellones A y B alojaban un total de 120 internos. Ese dato fue tenido en cuenta por el magistrado para demostrar que los presos no actuaron coaccionados: "Puede deducirse que si sólo algunos se sumaron al suceso y no el resto, quienes lo hicieron tomaron esa decisión no por temor sino por propia voluntad".
En tanto, Casas consideró de "ningún interés" recabar los testimonios de las representantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario -Mariana Hernández Larguía y de Lilian Echegoy-, "ya que la presencia de ellas lo fue como mediadoras".
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La Ciudad
