Debido al fuerte impulso que tomaron ayer las protestas sociales de desocupados y carenciados en todo el país, el gobierno nacional salió a deslindar responsabilidades en las administraciones provinciales y municipales y negó un eventual "estallido social". El clima de inestabilidad social se vio plasmado ayer en la realización de un nuevo corte de ruta en el partido bonaerense de Morón, el comienzo de una marcha desde Berisso a La Plata, la presentación de los desocupados de La Matanza en el Congreso nacional y la continuación de otra movilización desde Jujuy.
La escalada de las protestas fue tema de conversación en la reunión de gabinete de ayer, y el propio presidente debió salir al cruce de las versiones que indicaban la presencia de "un germen de estallido social".
Al respecto, el presidente Fernando De la Rúa confirmó en declaraciones en Casa de Gobierno que el tema fue analizado durante la reunión del Gabinete nacional en base a un informe de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y advirtió que "hay elementos políticos involucrados en los cortes".
Bullrich afirmó que la gente que sale espontáneamente a las calles", sino que "están muy organizados", aunque reconoció que sí "pueden ser germen para un permanente disturbio social". La titular de Trabajo acusó a "cinco o seis dirigentes que están en contacto" en distintos puntos del país que "tienen por objetivo manejar una porción de planes de empleo y una organización permanentemente movilizada".
Por su parte, el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, adjudicó ayer a "cada provincia" y a la justicia penal la responsabilidad de intervenir en las manifestaciones, aunque admitió esa posibilidad sólo ante el pedido de "auxilio" de las autoridades provinciales o la justicia. "Si el corte de ruta es realizado en alguna provincia, cada una de ellas deberá adoptar las medidas pertinentes", dijo el secretario de Estado.
Durante la mañana de ayer seguía por octavo día consecutivo, el corte de la ruta 3 y las vías del ex ferrocarril General Belgrano, en la localidad de Isidro Casanova, La Matanza, que llevan adelante unos 400 desocupados. El intendente de ese partido, Alberto Balestrini, acusó al gobierno nacional de incumplir la promesa realizada en noviembre pasado de entregar sólo "80 mil de los 2 millones de pesos" en medicamentos y materiales de construcción para el distrito acordado en esa oportunidad.
En tanto, una manifestación de comerciantes se concentró frente a la municipalidad de La Matanza para denunciar que los cortes perjudican la actividad y reclamaron medidas al gobierno municipal, que ya envió un proyecto al Concejo Deliberante para eximir de impuestos locales a esos empresarios.
Proyecto en solidaridad
Por su parte, diputados opositores presentaron ayer un proyecto de resolución en "solidaridad" con los piqueteros de La Matanza, y reclamaron al Poder Ejecutivo que informe "sobre las razones del incumplimiento" del acuerdo de noviembre. Así lo indicó la diputada nacional del Frente Para el Cambio Alicia Castro, quien sostuvo que "los acuerdos que se deben cumplir no son sólo los que existen con la banca internacional, sino también los que se tienen con los ciudadanos argentinos".\Los piqueteros, encabezados por el concejal de La Matanza Luis D'Elía, el militante Juan Carlos Alderete y el candidato a senador Luis Farinello explicaron el proyecto de ley que cuenta con la adhesión de legisladores opositores, sobre todo de extracción de izquierda.
La Ciudad
