Los gobernadores justicialistas no se pusieron de acuerdo sobre el respaldo al proyecto de ley de crédito público que impulsa el gobierno nacional para poner a la recaudación como garantía de los títulos públicos que se emitirán para realizar el canje de la deuda pública.
El respaldo de las provincias a la norma, que el ministro Cavallo apura para calmar la ansiedad de los mercados, volverá a ser discutido hoy por los ministros de Hacienda del interior durante un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
La carta del debate técnico les permitió a los mandatarios de provincias gobernadas por el justicialismo dilatar un posicionamiento político a la espera de que los dirigentes de la Alianza avalen el proyecto de Economía. De paso, insistieron en reclamar el cumplimiento de la ley de compromiso fiscal Las condiciones de los gobernadores del Partido Justicialista, que ayer deliberaron en el CFI hasta entrada la noche, impidieron un acuerdo. Al punto que el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, aseguró que las discusiones "van para largo" y proseguirán en los próximos días.
La oposición que varios dirigentes de la Alianza expresaron respecto del proyecto de ley de crédito público constituiría la principal traba para el avance de las negociaciones.
Otro de los puntos reclamado por los gobernadores son los 225 millones para gasto social que el gobierno derivó a las provincias en el Compromiso Federal de diciembre del año pasado y que, según los mandatarios del PJ, no fueron girados.
Por otra parte, los gobernadores advirtieron que la iniciativa de poner a la recaudación como garantía de la deuda pública "todavía no está clara".
Además de Solá (en representación de Carlos Ruckauf), concurrieron al encuentro los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota; Santa Fe, Carlos Reutemann; Formosa, Gildo Insfrán; Salta, Juan Carlos Romero; Eduardo Fellner, de Jujuy; Rubén Marín, de La Pampa, y Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis.
El secretario de Hacienda de la Nación, Jorge Baldrich; el subsecretario de Relaciones Provinciales, Hugo Garnero; y el asesor Horacio Liendo se hicieron presentes en el CFI para evacuar las dudas de los gobernadores. En la base de la discusión entre los mandatarios figura la posibilidad de que la Nación pueda acceder a parte de los fondos destinados a la coparticipación federal para incluirlos en las garantías de la deuda pública.
La posibilidad divide a las propias provincias justicialistas, ya que mientras hay un grupo de Estados fuertemente endeudados que incluso quiere poner sus propios bonos en el megacanje de deuda, las provincias con situación fiscal más holgada quieren dejar afuera de la garantía a los recursos coparticipables que les pertenecen.
Esa es la posición que llevó el gobernador Reutemann, quien ya por la mañana señaló desde Rosario que no habría oposición a que la Nación integrara la garantía del canje con fondos de la Nación pero que no aceptaba la inclusión de los que les correspondían a las provincias.
Por su parte, Rodríguez Saá recordó que "la Nación no cumplió" con el acuerdo federal que firmó el ex ministro José Luis Machinea, y consideró que para apoyar la ley de crédito público "se va a pedir al gobierno que cumpla" con ese convenio.
Una muestra de las distintas posturas que existen entre los gobernadores justicialistas la dio el jujeño Fellner, quien se mostró de acuerdo con la ley de crédito público pero a cambio de que se incorporen los bonos de su provincia en el canje y que se reduzca la tasa para los préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional, que hoy se encuentra en el 18 por ciento.
Frente a la demora de los justicialistas, los gobernadores de la Alianza salieron a avalar ayer el proyecto que moviliza el ministro Cavallo. "Seguramente estaríamos firmando un convenio que contemple la situación de nuestros endeudamientos anteriores", señaló el entrerriano Sergio Montiel al término de un encuentro que mantuvo junto a sus pares con el jefe de gabinete, Chrystian Colombo.
Al parecer, existe un bloque de entre 15 y 16 provincias, peronistas y aliancistas, que estarían interesadas en que la ley salga, debido a que se encuentras en una virtual situación de ahogo financiero y necesitan reabrir los mercados de capitales con tasas accesibles.
Entre las más reticentes, en cambio, se encuentran Santa Fe y Córdoba, que no están apremiadas por el momento y que no ven con buenos ojos comprometer fondos coparticipables en garantías al Estado nacional.
| |
La Ciudad
