Seis santafesinos (algunos de ellos muy conocidos como el destituido ex juez federal Víctor Brusa o el ex presidente comunal de Rincón Mario Facino), de un total de 18 argentinos, podrían ser signados por la suerte de otros ex represores de la dictadura. Quedarán confinados a no salir nunca más del pais sin riesgo de terminar presos si el juez español Baltasar Garzón libra el pedido de captura internacional y extradición en su contra requerida por nueve entidades de derechos humanos españolas en una presentación formalizada el 8 de mayo último en Madrid y difundida recién ayer en nuestro medio.
La solicitud fue presentada por la Federación de Asociaciones de Abogados "Libertad y Defensa", la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Confederación Intersindical Gallega (CIG), la Iniciativa por Catalunya (IPC), la Asociación Contra la Tortura (ACT), la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Pro Derechos Humanos de Madrid, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid y la Comisión de Solidaridad de Familiares (Cosofam). Reclaman al magistrado que disponga la captura internacional y extradición de militares y colaboradores civiles argentinos acusados de los delitos de genocidio, terrorismo en concurso con torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, usurpación de estado civil y asesinato.
Los implicados
En el listado se encuentran los santafesinos Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Eduardo Alberto Ramos, Juan Calixto Perizzotti y María Eva Aevis. Se completa además con José Antonio Suppisich, Salvio Olegario Menéndez, Raúl Enrique Séller, Miguel Angel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Damario, Fernando Enrique Peyón, Francisco Lucio Rioja, Jorge Carlos Radice, José Luis Magnacco, Roberto Oscar González, Roberto Rubén Carnot y Gonzalo Sánchez.
En la presentación se precisa que Víctor Hermes Brusa -abogado, ex juez federal destituido por el Consejo de la Magistratura el 30 de marzo del año pasado- revistaba como secretario del Juzgado Federal de Santa Fe a la fecha de la comisión de delitos, de agosto de 1976 a 1980, y que se le imputan que son: genocidio, terrorismo en concurso con torturas en al menos cuatro casos, privación ilegítima de la libertad en al menos 47 casos, usurpación de estado civil (un caso) y el asesinato de Evaristo Rolando Oviedo.
Algunos de los testigos que lo acusan y que son mencionados por las entidades defensoras de los derechos humanos de España son Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, José Schulman, Roberto Cepeda, Rubén Maulín, Efrén Venturini, Patricia Traba y Carlos Aníbal Pacheco.
Con los mismos cargos -aunque con sólo dos casos de torturas- pero comprendidos en un período distinto (desde 1975 hasta 1979) figura Héctor Romeo Colombini quien fuera pasado a disponibilidad de su cargo de jefe de la División Drogas Peligrosas de la policía de la provincia de Santa Fe a raíz de la acusaciones públicas de su participación en violación de derechos humanos y al momento de la comisión de los delitos que se le imputan se desempeñaba como oficial auxiliar de la Jefatura de la Policía provincial. Entre sus acusadores se menciona a Froilán Aguirre, Anatilde Bugna, Ana Cámara, Edmundo Saade, Patricia Traba y Stella Vallejos.
Le sigue Mario José Facino, quien luego de retirarse o jubilarse como comisario de la policía provincial se desempeñara como presidente comunal de la localidad de San José del Rincón (aledaña a la capital provincial) y ocupara al momento de los hechos imputados (diciembre de 1976 a 1979) la titularidad de la comisaría de la seccional 4ª de la ciudad de Santa Fe. Lo acusan Froilán Aguirre, Roberto Cepeda, Alejandro Córdoba, Susana Molinas, Rubén Maulín y Efrén Venturini.
A Facino como a los restantes santafesinos también los acusan de los mismos delitos, aunque varía la cantidad de casos, según el imputado.
Los restantes son: Eduardo Alberto Ramos, a quien se sindica en la actualidad como inspector municipal de comercio de la Municipalidad de Santa Fe. Se señala que su número de prontuario policial es el 279.683 y que al momento de los delitos imputados era oficial ayudante del Departamento de Informaciones Policiales en la seccional 1ª, exonerado el 19 de febrero de 1979 por decreto 428 del gobernador de facto Jorge Desimone. Juan Calixto Perizzotti, quien también fue pasado a disponibilidad y se desempeñó como responsable de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), siendo responsable del Centro de Operaciones Tácticas (COT) que dependía del área 212 entre 1976 a 1980. Y la única mujer, María Eva Aevis, quien era secretaria de Perizzotti.
La Ciudad
