Piden que se investigue al intendente Abate

Cañada de Gómez. - El asesor letrado del edil Fernando Esteban, el abogado Néstor Pelagagge, presentó un pedido de investigación en el Juzgado de 1ª Nominación en lo Civil, Comercial y Laboral para que investigue si el intendente municipal Amílcar Abate incurrió en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la no construcción de una pasarela peatonal frente a la escuela Manuel Belgrano.
El requerimiento, que fue presentado el pasado lunes en los Tribunales de Cañada de Gómez, se basa en que el titular del Ejecutivo incumplió con una ordenanza que disponía la construcción de una pasarela peatonal argumentando "falta de fondos", y sí cumplió con una reglamentación posterior que determinó la compra de las instalaciones de la ex fábrica de jabones Cañadenzo.
El pedido de investigación efectuado por el abogado es posterior a una demanda por la ley 10.000 presentada por la concejala justicialista Stella Clérici, que tiene un dictamen favorable de la Cámara de Apelaciones de Rosario, y de un juicio en el que piden "que Abate cumpla con un convenio firmado con la fábrica La Helvética para su construcción".
Pelagagge pidió a la jueza Adriana Cuaranta que traslade los antecedentes del caso al fiscal del Distrito Judicial Nº 6, José Ferrero, para que investigue "si la conducta de Abate configura abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y de los mandatos legales".
"Presenté este pedido porque en ese juzgado hay un expediente caratulado Stella Clérici contra la Municipalidad de Cañada de Gómez sobre una acción de amparo ley 10.000 en la cual la concejala pide la construcción de una pasarela peatonal sobre la ruta 9", dijo Pelagagge.
La concreción de la pasarela peatonal lleva casi cuatro años de espera, desde que directivos de la Escuela Manuel Belgrano, vecinos cercanos a la ruta y padres preocupados por la seguridad de los alumnos solicitaron su construcción. Este pedido tuvo eco favorable en el Concejo a través de la sanción de una ordenanza.
El no cumplimiento de esta norma llevó a la concejala Clérici a hacer una presentación judicial basada en la ley 10.000 de intereses difusos que tuvo dictamen favorable de la Justicia. Posteriormente, el ex intendente Abel Romegialli apeló a esa medida, pero la Cámara de Apelaciones volvió a ratificar el fallo de primera instancia.