El Club Círculo Cultural Argentino Alemán zafó ayer del remate que pesaba sobre su sede ubicada en el paseo Ribereño. La Justicia determinó que la suma exigida por parte del ejecutor fiscal Carlos Echesortu asciende a los 11.500 pesos y no a los 32 mil que reclamaba en concepto de honorarios profesionales por una deuda con la Administración Provincial de Impuestos (API), que encima era inexistente. "La subasta quedó suspendida, ante un pedido de impugnación que se hizo oportunamente. Ahora sólo resta la firma del trámite formal en la Justicia", aseguró a La Capital el abogado de la entidad, Eduardo de Loredo. El presidente de la institución, Carlos Siebenrock, les llevó tranquilidad a sus 500 asociados al asegurar que "todo evoluciona favorablemente y quedará solucionado a la brevedad".
El ruido del implacable martillo utilizado en las subastas quedará en el olvido para el club. Ayer, la jueza civil y comercial Mercedes Serra fijó los honorarios de Echesortu en 11.500 pesos "dado que al ejecutor fiscal no se le reconocieron intereses sobre sus honorarios", detalló De Loredo, quien agregó: "A este monto se le deben sumar unos 3.500 pesos más por gastos complementarios".
Una deuda del 83
La deuda de la entidad con la API se había originado en el 83 pero en el 95, según se explicó, la provincia eximió al club del pago del impuesto, dejando sin efecto deudas anteriores y posteriores a la resolución.
De Loredo había denunciado anteayer ante La Capital que "el ejecutor fiscal Carlos Echesortu pretendía cobrar sus honorarios de una deuda inexistente", y lo responsabilizó de haber "cajoneado" la orden de exención al tributo provincial.
Una vez notificado de la resolución judicial, para Siebenrock ya pasó lo peor. La sombra del remate fijado para el próximo viernes es ahora sólo un mal recuerdo. "Ya hicimos un 95 por ciento del depósito y se llegará a cubrir el resto", aseguró el titular del club.
En tanto, ayer por la tarde, integrantes de la Asociación para la Defensa de la Vivienda Unica realizaron un escrache frente a las puertas de la Asociación de Martilleros, y al grito de "¡basta de mafias!", solicitaron al gobernador que "instrumente los medios necesarios para evitar la falta de transparencia en los remates".
Por su parte, Jacinta Basualdo, denunció a una ejecutora fiscal de haberle rematado la casa en una acción confusa. "La doctora Adriana Gossi hizo señas desde atrás de un ventilador, y el martillero rápidamente bajó el martillo y me dejó sin casa. Ni siquiera escuchó otra oferta", señaló.
La mujer recordó que dos días antes del remate -que se realizó el 20 de abril- el esposo de Gossi se presentó en su casa "para arreglar". Basualdo anunció que se radicará la denuncia en el juzgado de Carlos Carbone.
La Ciudad
