La Asociación de Martilleros de Rosario no rompe el silencio, a pesar de que su tesorero, Amadeo Chaina, y la vocal Rossana Fagniani continúan detenidos y a disposición del juez Carlos Carbone acusados de fabricar remates para comprar inmuebles a precios irrisorios. Como parte de la llamada cooperativa de los remates, también permanece arrestado Roberto Cossolino, un particular apodado el Pelado que también participaba de estas maniobras en el rol de comprador. El presidente de la Asociación de Martilleros, Néstor Zaina, se negó ayer a hacer declaraciones sobre la posición de la entidad y sólo dijo que "el lunes se emitirá un comunicado". Más rápidos de reflejos, los integrantes del Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros de Rosario solicitaron a la Justicia los antecedentes del caso, a fin de instruir un sumario a los dos profesionales involucrados en la causa y evaluar así la sanción que les corresponde.
El presidente del Colegio de Martilleros, Artemio Aguiar, aseguró a La Capital que "es un conflicto muy serio que hay que resolver para que los remates vuelvan a ser claros". También explicó que las sanciones a Chaina y Fagniani "pueden ir desde un apercibimiento privado, que es una amonestación en el legajo, hasta la suspensión por dos años o la cancelación definitiva de la matrícula". Pero el tribunal de la entidad debe esperar la información que le proporcione el juez Carbone para poder tomar una determinación.
Dos denuncias
La existencia de la llamada cooperativa de remates salió a la luz a partir de una denuncia realizada en el Juzgado de Instrucción de la 9ª Nominación por una pareja que iba a perder su casa, de la calle Polonia al 700. Beatriz Fececas y Manuel Fernández aseguraron ante Carbone que fueron víctimas de una maniobra organizada por esta presunta organización de la formarían parte dos miembros de la comisión directiva de la Asociación de Martilleros.
El mismo tesorero de esta entidad, Chaina, visitó a la pareja para asegurarles que había una posibilidad de "salvar la casa", según la denuncia. Para eso el matrimonio tenía que conseguir dos mil pesos para pagar la seña y la comisión de ley, y un familiar de los Fernández se presentaría en la subasta para comprar el inmueble.
Así fue que la casa de Polonia al 700 fue adquirida a 11 mil pesos por un familiar de la pareja, como Chaina les había propuesto. Pero al no conseguir el resto del dinero para saldar la subasta -que fue hecha por el propio Chaina-, el inmueble ahora volverá a ser rematado. Los Fernández perdieron su casa y los 2 mil pesos de la seña.
La última presentación que recibió el juez Carbone contra los tres detenidos la hizo otro matrimonio, al que le iban a rematar su casa, de Alvarez Thomas al 1000, valuada en cerca de 150 mil pesos. Chaina les afirmó que el inmueble podría ser comprado por un familiar a 80 mil pesos, y que de no ser así otras personas podrían adquirirlo y revendérselo a la pareja por 20 mil pesos más, es decir 100 mil.
Tanto el tesorero como la vocal de la Asociación de Martilleros (Fagniani) les dijeron a este matrimonio que la ejecución del plan costaba 5 mil pesos, según la denuncia. Pero nada salió como estaba previsto y la casa de Alvarez Thomas al 1000 fue subastada en 130 mil pesos a otras personas, pese a la estrategia propuesta.
Otro detenido
Pero a los tres detenidos, anteayer se le sumó un cuarto. Las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial detuvieron por orden del juez Carbone a un martillero de Santa Fe, cuando recibía de un particular 1.500 pesos para asegurarle la no difusión de la subasta de su finca. La denuncia fue radicada en el Juzgado de la 9ª Nominación por un hombre al que le iban a rematar su propiedad de Villa Constitución, quien aseguró que Clemar Osvaldo Sánchez, el martillero santafesino, le había exigido cinco mil pesos para no publicitar la subasta y otros cinco mil durante el remate en concepto de seña.
El denunciante citó al martillero en un departamento de Rosario, donde se encontraron anteayer por la tarde. Según trascendió, Sánchez le volvió a exigir a la víctima los primero cinco mil pesos, el hombre le entregó sólo 1.500 y el martillero cayó en la trampa. El dinero estaba previamente marcado por el Banco de Santa Fe a pedido del juzgado de Carbone y encima las TOE se encontraba dentro del departamento filmando la maniobra. En el momento en que el dueño de la finca entregó el dinero, el martillero santafesino quedó detenido por la policía y esa misma noche fue indagado por el magistrado.
Ahora el juez Carbone investiga si existe vinculación entre Sánchez y la supuesta cooperativa de remates en la que estarían involucrados directivos de la Asociación de Martilleros de Rosario. De ser así, se estaría frente a una organización que se extiende más allá de los límites locales.
La Ciudad
