El ex secretario general de la regional Córdoba de la Asociación Bancaria Miguel Berrotarán deberá indemnizar al ex gobernador y actual senador nacional Eduardo Angeloz en la suma de 10 mil pesos por haberlo denunciado "falsamente" sobre la propiedad de una serie de inmuebles.
La resolución fue adoptada por el juez provincial Marcelo Carranza y se conoció ayer. El hecho ocurrió en una conferencia de prensa convocada por el gremio bancario el 9 de octubre de 1995, tres meses después del retiro anticipado de Angeloz al frente del Ejecutivo, por la severa crisis socioeconómica que entonces atravesó la provincia y que obligó a Ramón Mestre a asumir antes de tiempo la Gobernación de Córdoba.
En la ocasión, el titular de la Bancaria, gremio que impulsó el juicio por enriquecimiento ilícito contra Angeloz -del que fue finalmente absuelto por la falta de pruebas suficientes-, dio a conocer un listado de ocho propiedades rurales, un campo con explotación minera y tres departamentos, atribuyéndole su propiedad al ex gobernador.
Angeloz, que habría anticipado que el dinero de la indemnización lo donará al Hospital de Niños de Córdoba, pudo demostrar durante el juicio que se le siguió en la Cámara Séptima del Crimen que esa lista de propiedades que denunció Berrotarán no le pertenecían, dijo el juez Carranza.
El ex mandatario, asesorado por sus abogados Jorge Jaimovich y José Buteler -los mismos que lo defendieron con éxito en el largo juicio por enriquecimiento ilícito-, demandó por daños y perjuicios a Berrotarán y también a la Asociación Bancaria nacional porque en la conferencia de prensa se entregó el listado de propiedades en papel membretado de dicha organización sindical.
Sin apoyo sindical
El juez Carranza deslindó responsabilidades de la Asociación Bancaria, al destacar la existencia de una carta pública del secretario general del gremio, Juan José Zanola, quien se desvinculó de las denuncias contra Angeloz, desaprobando la actuación de Berrotarán y calificándola como personal.\El gremialista perdió entonces el apoyo de la organización sindical, a lo que se sumó para que su situación quedara aún más débil la distancia que tomó el abogado Marcelo Touriño, quién lo había asesorado en otras denuncias a las que hizo suyas el fiscal Carlos Ferrer para promover la acción penal y el posterior juicio contra Angeloz.\Para el juez, Berrotarán divulgó públicamente hechos falsos, creando una presunción de sospecha. El magistrado fijó en 10 mil pesos la indemnización por daños y perjuicios, aunque Angeloz pretendía 30 mil.
La Ciudad
