El embajador argentino en Estados Unidos, Guillermo González, admitió ayer que a fines de 1994 dialogó con el entonces interventor de Fabricaciones Militares (FM), Luis Sarlenga, acerca del proyecto de decreto 103/95 que autorizó la venta de armas a Venezuela -aunque su destino final fue Ecuador-, pero aseguró que lo hizo por vía telefónica. "No lo conocí personalmente", enfatizó el diplomático.
Paralelamente, Sarlenga reportó a la Justicia que en abril pasado, cuando aún estaba preso en dependencias de Gendarmería Nacional, dos abogados le habrían hecho un ofrecimiento para que cambiara la declaración en la que había incriminado al ahora detenido empresario Emir Yoma.
Según fuentes judiciales, Sarlenga contó que Gustavo Romano Duffau y Fernando López Mestre lo habrían visitado en el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería para efectuarle una "oferta" -cuyos detalles no revelaron- a cambio de su retractación ante el juez federal Jorge Urso. Los letrados se habrían presentado como "enviados" de su colega Mariano Cúneo Libarona, defensor de Yoma (quien el lunes se presentará ante la Cámara Federal porteña).
González, por su parte, dejó por unos días sus ocupaciones en Washington y viajó a Buenos Aires para declarar ante Urso, bajo cargos de falsedad ideológica del documento público (el decreto 103) y asociación ilícita, en calidad de presunto miembro.
"Fue de gran utilidad la declaración del embajador", sostuvo, a su turno, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien reveló que González "contestó todas las preguntas" que se le formularon en la audiencia, a la que concurrió asistido por el abogado Gonzalo Vergara.
Otras fuentes dijeron que el diplomático (quien tras quedar imputado en el caso fue ratificado en su cargo por el gobierno de Fernando de la Rúa) contó que en diciembre del 94 conversó por teléfono con Sarlenga acerca del decreto 103, que el entonces canciller Guido Di Tella firmaría poco después para aprobar una exportación de fusiles FAL y municiones a Venezuela.
No obstante, el material bélico argentino fue, en realidad, transportado a Ecuador por vía aérea, en forma clandestina y en plena guerra de ese país con Perú por la Cordillera del Cóndor.
González, quien en la época de las oscuras operaciones con Ecuador se desempeñaba como subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, aseguró que desde el Palacio San Martín se cumplimentaron los trámites correspondientes en torno a la exportación de armamento y dijo que también habló con Sarlenga sobre el certificado de uso final del material bélico.
Urso comprobó hace más de cinco años que el certificado de uso final que garantizó que Venezuela había recibido las armas era falso.
"Después de todo lo que leí en los diarios quiero hablar con ustedes y que me conozcan para que contrabalanceen la información", enunció González a los periodistas al arribar a los Tribunales federales de Comodoro Py 2002.
Luego explicó que, desde la subsecretaría, intervino en la tramitación del decreto y en la "coordinación" de las firmas que constaron en el documento. Una de ellas correspondió a Di Tella, quien ya fue procesado en el expediente y el 24 de mayo próximo deberá declarar como presunto partícipe de una asociación ilícita. El juez debe resolver ahora si dicta el procesamiento del embajador.
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La Ciudad
