Año CXXXIV
 Nº 49.114
Rosario,
sábado  12 de
mayo de 2001
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Granadero Baigorria
Denuncian que hubo irregularidades en la suspensión de un edil
El abogado de Juan Alvarez presentó un recurso de nulidad mientras el Concejo rechazó su destitución

Norberto Puntonet

Granadero Baigorria. - El Concejo Municipal rechazó el pedido de destitución del concejal Juan Alvarez (PPS), que había suspendido del cuerpo luego de una denuncia del empresario de la noche Pichi Liberati, quien lo acusó de querer cerrar su boliche bailable "en forma violenta". El pedido para que el edil fuera separado del organismo partió de la concejala justicialista Lila Paredes, pero no prosperó porque el presidente del cuerpo, Miguel Salaberry, votó en contra tras un empate entre las dos posturas. La sanción a Alvarez obedeció a declaraciones formuladas en un medio local donde sugirió la "circulación de sobres en el Concejo", cuestión que derivó en el enojo de algunos de sus pares.
Salaberry dijo a La Capital que nunca estuvo de acuerdo con la suspensión de Alvarez y que tampoco lo está con el intento de destitución, por lo cual votó por la negativa. "Si bien Alvarez hizo algunas declaraciones algo imprudentes, no era para tanto. Para mí este muchacho, con sus denuncias, tocó intereses de alguien importante, y por eso armaron este circo para destruirlo políticamente", deslizó.
Mientras tanto ingresó al legislativo baigorriense un recurso de revocatoria y nulidad en relación con la separación de Alvarez, ya que la medida se tomó como repudio a "simples habladurías", según consideró el asesor legal del edil, Jorge Hechen.
El abogado explicó que a Alvarez "no se le dio la posibilidad de defenderse ante sus pares, ya que los sobres a los que él se refirió contendrían amenazas y no dinero como se interpretó, y por lo que pidió públicas disculpas". El letrado fundamentó su defensa en el artículo tercero del Código Procesal y Penal de la provincia, que dice que "nadie puede ser considerado culpable hasta que haya una sentencia judicial en su contra. Fue un exceso de rigor ilegal y apresurado", precisó.
Una de las anomalías que esgrimió Hechen es que "dos días después del episodio en El Faro, el Ejecutivo presentó ante el Concejo una copia de la denuncia que radicó Liberati en la seccional 24ª". Según el abogado esa acción estaría violando el secreto de sumario, ya que "por 10 días no se puede dar a conocer", aseguró.

Extensión horaria
Por otra parte, también fue presentado en el Concejo baigorriense un proyecto para extender el horario de cierre de El Faro hasta la seis de la mañana, una pretención que promete traer aún más polémica a la conflictiva situación.
Liberati había asegurado en sede policial que Alvarez "se presentó en el local y pretendió cerrarlo en forma violenta". La denuncia es investigada por la jueza de Instrucción de la 6ª Nominación de Rosario, María Luisa Pérez Vara.
Hechen insistió en que el Concejo "cometió el error de apresurarse en suspender a Alvarez sin darle la posibilidad de defenderse. A pesar de que estaba presente en el recinto, no se le permitió la palabra para explicar sus dichos en un medio radial, lo que justifica el pedido de revocatoria de la sanción".
"Lo que he notado -añadió- es que existen errores de procedimiento y un interés de querer sacarlo del medio. Le corren traslado de la suspensión en el cargo y antes de que se termine el plazo para que pueda ejercer su derecho de defensa se lo pretende destituir.


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