El juez de instrucción de Reconquista, Jorge Galbuceras, ordenó la exhumación de dos de las víctimas del triple homicidio ocurrido a principios de enero en un paraje cercano al puerto de esa ciudad. El primero se realizó el miércoles pasado con el desentierro de Rafael Meza y el siguiente, con el cuerpo de Matías Bustamante, será el miércoles próximo.
La medida judicial se realizó en el cementerio municipal de Reconquista y se constituyó en la segunda medida de esas características dispuestas por el magistrado, ya que hace aproximadamente 15 días se realizó la misma operación con el cadáver del otro hombre asesinado, Francisco Meza. Esa no agregó nada nuevo a la investigación, sólo pudo confirmar que Meza murió a raíz de los golpes que le asestaron en la cabeza con un elemento contundente.
Sin embargo, según indicó el vocero consultado, se extrajeron "elementos sólidos" que serán analizados por el médico forense, aunque todavía no se conoce el resultado. El magistrado busca de esa manera obtener mayores precisiones sobre la forma en que murieron los tres hombres, a partir de dudas que surgieron en los últimos días.
Además, la defensa del único imputado en la causa presentó en el juzgado un recurso de nulidad a todo lo actuado por Prefectura Naval en la primera parte de la instrucción del sumario por presunta falsificación de un acta de inspección ocular realizada tras el descubrimiento del crimen.
El triple homicidio ocurrió entre el 2 y 3 de enero en la zona conocida como El Biguazal. Francisco Meza (62 años), su hijo Rafael (28) y un vecino de ambos, Matías Bustamante (19), fueron asesinados en el campamento a orillas del río Paraná. Francisco recibió un hachazo en el cráneo, mientras que Rafael y Martín fueron fusilados a poca distancia con una escopeta.
Hasta ahora el único imputado y procesado como autor material del hecho es Carlos Cano, un joven cazador que vive en la zona del puerto de Reconquista y en cuyo poder la policía halló el reloj pulsera de Bustamante. También lo comprometió una pericia balística sobre un cartucho calibre 16 que coincidía con una escopeta de su propiedad.
Si bien altas fuentes de la investigación aseguran tener suficientes pruebas como para probar la participación de Cano en esos crímenes, también admiten que no pudieron ser obra de un solo hombre. Por eso remarcan que la investigación "sigue adelante", aunque no han surgido datos que lleven hacia los presuntos cómplices de Cano. Por el momento la hipótesis más firme para explicar lo sucedido es la de una venganza.
Presuntas irregularidades
El abogado de Cano, Ricardo Degumoy, pidió días atrás la nulidad de todo lo actuado por la delegación local de Prefectura Naval, que fue la primera fuerza en investigar el triple homicidio. El letrado cuestionó un acta de inspección ocular del escenario del crimen que confeccionó ese organismo con la presencia de dos testigos. Esas personas, cuyos apellidos son Alvarez y Quiroz, fueron los que descubrieron el hecho y lo comunicaron a las autoridades.
En diálogo con La Capital, el abogado señaló que "Prefectura hace consignar en esa acta que fue acompañada durante el reconocimiento del lugar por los testigos Alvarez y Quiroz. Estas personas declararon luego que nunca volvieron al lugar del hecho. Sólo estuvieron una vez y no regresaron nunca más", apuntó Degumoy. El profesional entiende que pudo haber alguna falsificación de todo lo registrado en esa acta, especialmente porque allí figura el hallazgo del cartucho de escopeta atribuido a un arma de Cano.
A juicio del defensor ese es un elementos más entre los contradictorios que figuran en la causa y que implican a su cliente. "La incorporación del cartucho al expediente aparece después de la inspección ocular. Así quedó demostrado cuando declaró el marinero Valiente, uno de los efectivos de Prefectura que participó en esa requisa: declaró ante el juez que había encontrado una munición de escopeta pero que no dejó constancia del hallazgo por orden su superior inmediato, el prefecto Libio Mario Furnari, titular de la dependencia", remarcó Degumoy.
A todo esto, los representantes de los familiares de las víctimas pidieron la exhumación del cuerpo de Francisco Meza ante la presunción de que el hombre haya sido asesinado con un arma calibre 9 milímetros y no con un hachazo en la cabeza. Esa medida ya se cumplimentó y ahora el juez Galbuceras espera los resultados de los estudios que se realizan en el Departamento de Medicina Forense de Santa Fe.
La Ciudad
