El gobierno amagó con pedir la quiebra de Aerolíneas

El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, propuso, según circuló ayer por la tarde, la quiebra de Aerolíneas Argentinas como solución al conflicto generado entre la empresa y los trabajadores, y anticipó que el Estado argentino "no pondrá un peso" para superar la crítica situación económica de la compañía. Sin embargo, cerca de la medianoche, un comunicado oficial desmintió que el funcionario haya realizado esa moción.
"En ningún momento del diálogo mantenido en el seno de la comisión bilateral de seguimiento de las privatizaciones Bastos propuso la quiebra de Aerolíneas Argentinas", señaló la comunicación difundida a última hora de ayer."Una quiebra rápida de la empresa, siempre que la deuda sea absorbida por el Sepi, y lograr la llegada de un nuevo accionista puede ser una solución para que pueda seguir operando", habría sostenido el ministro al informar a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones.
El ministro, trascendió, comparó su propuesta con "la quiebra de Panam, que fue absorbida por United", y aseguró que "de este modo, se logrará que los empleados no pierdan los puestos de trabajo".
No obstante, después había reconocido que "no estamos ante un caso fácil" y que "el trámite de la quiebra puede llevar más tiempo del deseable".
Aclaró, de todos modos, que "el Estado argentino no pondrá un peso" porque "Aerolíneas es una empresa privada, conducida por una empresa privada y todas las decisiones fueron tomadas por ella, sin intervención del Estado argentino".
El informe que ofreció Bastos a los legisladores que integran la comisión sobre la situación del sector aerocomercial fue preocupante, al punto de que sintetizó el cuadro con una frase lapidaria: "Estamos en el peor de los mundos".
Al grave panorama que ofrece Aerolíneas, que recientemente motivó un paro de actividades de más de una semana, el ministro sumó las dificultades encontradas para regularizar la relación con el concesionario de 33 estaciones aeroportuarias, Aeropuertos 2000.
Atribuyó buena parte de la responsabilidad de los problemas generados entre la empresa (que debe una alta cifra en concepto de canon) y el Estado (a la que Aeropuertos 2000 le reclama supuestos incumplimientos de las condiciones previstas en la concesión) a "la rigidez del contrato".