El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la acción penal y requirió una serie de medidas para que se investigue la evolución del patrimonio de Carlos Menem a los fines de determinar si el ex presidente se enriqueció en forma ilícita durante el ejercicio de la función pública, dijeron ayer fuentes judiciales. Por otra parte el juez federal Jorge Urso, que investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y ahora ampliará la pesquisa para investigar el crecimiento patrimonial de Menem, se entrevistó ayer con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Roque Maccarone, a quien visitó en la sede de la entidad.
Es que el juez encomendó al Central la realización de un informe financiero que permita rastrear el dinero sucio de las exportaciones de armamento registradas entre 1991 y 1995. "El aspecto patrimonial no ha sido profundizado" en el expediente, sostuvo el 4 de abril pasado la Cámara Federal porteña, que ordenó a Urso "efectuar un minucioso análisis" para establecer la ruta del dinero de las armas.
Al transitar esa línea investigativa, y tras la confesión del procesado ex interventor de Fabricaciones Militares (FM), Luis Sarlenga, el juez dispuso el arresto del empresario y ex asesor presidencial Emir Yoma, quien ahora cumple prisión preventiva como presunto "organizador" de una asociación ilícita que habría traficado pertrechos bélicos.
La gerencia de Requerimientos y Control del BCRA debe entregar a Urso un informe sobre las cuentas de todos los procesados en el expediente y los depósitos y transferencias de la compañías vinculadas a FM: Debrol SA, International Trade, Hayton Trade SA y Daforel SA, así como del Grupo Yoma, cuya firma uruguaya Elthan Trading efectuó aportes irrevocables de capital a Yoma SA con fondos de origen no determinado.
Yoma SA habría recibido, además, transferencias de dinero en una cuenta de la financiera Multicambio, provenientes del MTB Bank de Nueva York.
El juez allanó Multicambio semanas atrás y ahora los expertos del Banco Central deben analizar la profusa documentación confiscada en ese operativo.
Urso amplió el objeto de la investigación a raíz del requerimiento que el fiscal Stornelli firmó el viernes último, aunque trascendió recién en la víspera.
El viernes, justamente, prestó declaración indagatoria el ex ministro de Defensa, Erman González, bajo el cargo de asociación ilícita, y puede ir preso si el juez le atribuye el rol de "organizador" en la banda que ha descripto la fiscalía.
Las fuentes tribunalicias consultadas rehusaron brindar detalles del requerimiento del fiscal pero explicaron que la decisión de Stornelli está enmarcada en las investigaciones por la maniobra financiera perpetrada a través de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Puntualmente el fiscal solicitó que se investigue el crecimiento patrimonial de Menem a raíz de una denuncia radicada el miércoles último por el abogado Ricardo Monner Sans. El líder justicialista deberá dar cuenta de sus bienes cuando sea interrogado el 13 de julio, en calidad de acusado, por Urso y Stornelli.
Declaró Claudia Bello
En tanto, la ex secretaria de Estado Claudia Bello insistió ayer, al ampliar su declaración indagatoria, en que fue lícita la adjudicación directa de la campaña de difusión sobre el efecto informático 2000, al tiempo que acusó a Stornelli de desestimar evidencia en su favor.
Bello declaró ante la juez Servini de Cubría y, en la audiencia, reiteró que "no tuve tiempo" para convocar a una licitación para la adjudicación de los contratos de publicidad debido a que, según contó, recibió los fondos para la campaña a inicios de octubre de 1999, o sea menos de tres meses antes de la llegada del 2000.
El cambio de milenio amenazaba colapsar los sistemas informáticos y Bello, que fue titular de la Secretaría de la Función Pública durante los últimos años de gobierno de Carlos Menem, tuvo la responsabilidad de alertar en forma masiva sobre el problema, que finalmente no se produjo. Denunciada por la Oficina Anticorrupción y con un pedido de procesamiento presentado en su contra por Stornelli, que la ha acusado de fraude, Bello pidió y consiguió ayer una ampliación de su declaración indagatoria.
La Ciudad
