Año CXXXIV
 Nº 40.110
Rosario,
martes  08 de
mayo de 2001
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Entre el gobierno, los magistrados y los abogados
Crucial debate para la futura elección de jueces
El viernes comenzará la discusión de un nuevo reglamento para el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la provincia iniciará el próximo viernes un debate sobre el futuro mecanismo de preselección de magistrados. Ese día se reunirán para tal fin en Santa Fe los integrantes del organismo, cuya razón de ser es proponer al gobernador candidatos para cubrir los juzgados vacantes.
La instancia del viernes fue impulsada en bloque por los cinco colegios de abogados de la provincia, a partir de una iniciativa que promovió el de Rosario, y quedó plasmada en una declaración que confería al tema "gravedad institucional", reclamaba "transparencia" y planteaba evitar "sospechas de manipulaciones políticas".
El presidente del Consejo y subsecretario de Justicia, Carlos Carranza, convocó al debate después de que el Colegio de Abogados rosarino decidiera abstenerse en las votaciones del Consejo hasta que éste aceptara reglamentar su funcionamiento, y el de Santa Fe -por su parte- amenazara con retirarse del organismo por la misma razón. El tema llegó a la Legislatura, que aprobó una minuta de comunicación instando al Consejo a atender el reclamo.
En Santa Fe, a diferencia de la Nación, el Consejo de la Magistratura no es un órgano independiente establecido en la Constitución y cuyas decisiones obliguen al Poder Ejecutivo. Al contrario, fue creado por decreto y funciona como órgano asesor del gobernador, quien podría apartarse de sus dictámenes. En la práctica, sus decisiones se han respetado y así lo han reconocido sus integrantes, quienes consideran que desde que fue creado ha mejorado el sistema de elección de jueces. El debate actual apunta a generar nuevas reglas del juego, más objetivas, para la apreciación de los méritos de los candidatos, de manera de asegurar su idoneidad para la función.
Integran el Consejo, además del subsecretario de Justicia, el presidente de la Corte Suprema provincial, un representante del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, uno del Colegio de Abogados de la jurisdicción del cargo vacante y un delegado personal del gobernador. Con distinto grado de intensidad, casi todos adelantaron puntos de vista sobre la reglamentación:
- Abogados. El presidente del colegio profesional rosarino, Gustavo Lo Celso, reclamó reglas que minimicen el margen de subjetividad de cada uno de los integrantes del Consejo, por ejemplo establecer puntajes para los méritos de cada aspirante en cuanto a conocimientos y antecedentes; articular un examen consistente en la resolución de un caso en pocas horas; dar más publicidad a la apertura de los concursos; realizar entrevistas personales a los inscriptos y establecer el orden de votación de los integrantes del Consejo.
- Subsecretario de Justicia. Carlos Carranza rechazó las críticas sobre la falta de transparencia y afirmó que el Consejo es un órgano eficaz, al que en todo caso habrá que perfeccionar. Mostró preocupación por no recortar con reglamentos las atribuciones constitucionales del gobernador. Planteó la necesidad de consensos internos en el Consejo como condición para aprobar una nueva reglamentación. Se mostró, en cambio, a favor de incorporar el Consejo a la Constitución en una futura reforma. Sostuvo que ello daría mayor seguridad al sistema, ya que los pronunciamiento del Consejo serían definitivos. Entretanto, aceptaría discutir modificaciones puntuales, aunque no una regulación detallista (como podrían ser los concursos de oposición y entrevistas personales) que torne onerosa y lenta la actividad de lo que hoy es sólo un órgano consultivo.
- Presidente de la Corte. Rafael Gutiérrez sostuvo que el máximo tribunal no tiene posición fijada sobre el punto. Pero a título personal estuvo de acuerdo con un reglamento que reúna dos requisitos esenciales: objetividad y celeridad. Invitó a tomar en cuenta la experiencia del Consejo de la Magistratura nacional, que después de cuatro años tiene más de cien cargos vacantes en la Justicia federal.
- Magistrados. Se expidieron en un comunicado a favor de que "se profundice el análisis de los diversos aspectos a tomar en cuenta para la reglamentación del sistema", pero se oponen a que mientras tanto se suspenda el actual funcionamiento del consejo como reclaman los abogados. Señalaron que su Colegio ha sido precursor -durante la gestión de todas las comisiones directivas desde la sanción del decreto de creación del Consejo- en los pedidos concretos de mejoramiento del sistema de selección de jueces. "La valoración de la idoneidad de los candidatos, la objetivación de los criterios de su evaluación y el consecuente pluralismo ideológico con que ha de procederse, no conciben un mecanismo de selección único y definitivo, siendo como todas las obras humanas perfectibles", expresaron.
- Delegado del gobernador. No se conocieron expresiones públicas de Héctor Prono sobre este asunto.


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