erca de doce horas le demandó ayer al juez santafesino Julio César Costa carear al suspendido diputado provincial (UCR) Rubén Miret y a su secretario Adolfo Príncipe con los presidentes comunales del departamento General López que involucraron al legislador en una denuncia por pedido de coimas para la construcción de viviendas en sus localidades. Aunque la partes se mantuvieron en su dichos, la jornada no habría resultado indiferente a la causa, que según fuentes judiciales se habría complicado al surgir numerosos elementos, por lo que no descartaron que “puedan existir otros involucrados”.
Las fuentes consultadas por La Capital señalaron que si el juez Costa tenía pensado acortar los tiempos luego de los careos de ayer y pronunciarse en un plazo relativamente breve, el efecto generado al cabo de la jornada fue proporcionalmente inverso a esa aspiración.
“Todo parece indicar que será necesario investigar más, es decir que la causa demandará más tiempo aún”, fue la respuesta que surgió de sectores tribunalicios.
El estricto secreto bajo el cual Costa mantiene la causa impidió conocer detalles de los elementos que habrían surgido para su consideración al cabo de los careos realizados en la víspera, el tenor de los mismos y hacia dónde apuntaría la búsqueda de supuestos nuevos implicados en el caso.
A las ocho en punto
A las ocho de la mañana en punto, el juez que entiende en la causa hizo ingresar a su despacho a Miret y a Príncipe y luego los hizo confrontar sucesivamente con los denunciantes.
El primero de ellos fue el presidente comunal de Maggiolo, a quien se sumarían con el correr de las horas sus pares de Cafferata, Carmen, Lazzarino y Wheelwright.
"No tengo nada que ver", aseguró Miret ante cuanto micrófono o cámara de televisión se acercó a los Tribunales de la capital provincial.
El suspendido legislador radical insistió en que no pesa sobre él "una imputación directa, sino solamente a través de comentarios".
El magistrado resolvió los careos _que se realizaron ayer_ a principios del pasado mes abril, luego de haber indagado al diputado Miret, quien fue reiteradamente acusado por intendentes y presidentes comunales de la zona de haber sido uno de los principales protagonistas del episodio sobre presuntos pedidos de coimas que habrían solicitado funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda, relacionadas a la construcción de unidades habitacionales en localidades del departamento General López.
Esto fue lo que _a poco de llegar a oídos del propio gobernador_ originó la denuncia judicial formulada por la presidencia de la Cámara de Diputados y la totalidad de los titulares de los bloques partidarios.
Además de Miret y su secretario Príncipe, figuran como imputados de haber solicitado mil pesos por cada vivienda para agilizar los planes oficiales Víctor Massimino, quien fuera entonces el principal asesor del director de Viviendas Oreste Blangini (renunciado a raíz del escándalo), y Eduardo Battié, un funcionario de la Cámara de Diputados que revistaba en la aludida dependencia provincial.
La Ciudad
