Reflexiones

Delito y pobreza

Norberto Emmerich (*)

Según datos del Banco Mundial un 30% de la población argentina vive en situación de riesgo social, unos 9 millones de personas. Tal cantidad de personas conviviendo en una misma situación social, aunque pertenezcan a distintos sectores sociales, nos indican un cuadro donde una muy significativa parte de la población se encuentra en una situación de indefinición dinámica de su destino social. Estáticamente pueden definir su ubicación en la actual meseta social pero en el devenir histórico es imposible definir su ubicación próxima y por lo tanto el modo de relación con que terminarán insertos en la totalidad social.
Camino hacia la política
En ese universo de riesgo social conviven desocupados, subocupados, empleados, obreros, cuentapropistas y entrepreneurs ilegales. La complejidad absoluta de esta entidad en la que se integran es producto de las políticas de ajuste perpetuo implementadas desde el gobierno nacional en la última década.
El modelo de inserción en la economía mundial, regulado externamente, no necesitó la inclusión de toda la mano de obra disponible. Tanto el Estado como las empresas buscaron la competitividad apelando primaria y primeramente a los despidos como forma de ajustar los precios. Al mismo tiempo los actores económicos clave buscaban la flexibilización legislativa del mercado de trabajo para alcanzar mayores niveles de competitividad internacional.
El nuevo ciclo de expansión económica capitalista, conocido como globalización, no se dirige hacia las unidades políticas (Estados nacionales) sino que transita por fuera o por encima de ellas en busca de mercados y, específicamente, de nichos de mercado. Las empresas multinacionales se transforman en transnacionales, el ciclo de vida del producto se acorta dramáticamente y los recursos se buscan en el mercado mundial, no en el nacional.
La población expulsada del circuito económico carece de políticas serias de contención del proceso inicial de exclusión social ya que la mayor parte del presupuesto nacional está fuertemente comprometido en el sector externo. El proceso de auge ideológico del modelo único de desarrollo se inicia en 1991 con el Plan de Convertibilidad y la Reforma del Estado y se extiende hasta la crisis del tequila en 1995. En esos pocos años se fue tejiendo silenciosamente una nueva trama social en los sectores excluidos del modelo, acostumbrados a una lógica de vinculación social a través del empleo y que no logran rápidamente construir nuevas formas de acumulación económica e identificación social. Pero después de la crisis del Tequila el modelo se agota ya que se había entregado el único bien relevante para el mercado mundial, las empresas públicas de servicios. La nueva trama social acelera su proceso de recomposición y aparecen nuevos actores que disputan la apropiación de su parte de la renta nacional.
Exclusión y delincuencia
La delincuencia, un fenómeno marginal existente en todas las sociedades de todos los tiempos, cambia su carácter y se transforma en componente sistémico del capitalismo actual. Los crímenes predatorios, a los que aquí hacemos referencia, tipifican una actividad delictiva que cubre toda la cadena económica: grandes organizaciones, entrepreneurs de variado nivel y organización, linkage entre economía formal e ilegal, un proletariado con escaso nivel de organización que alterna entre el delito y el empleo ocasional, profesionales al estilo clásico "con código", cuentapropistas "fronterizos", tercerización, acuerdos internacionales, etc. La exclusión social, que incluye un proceso de acumulación primitiva de capital, construye nuevas instituciones y las legitima, apareciendo la violencia social como mecanismo apto para resolver la indistribución estatal. Estas instituciones asumen las funciones del Estado y las implementan en las zonas geográficas que controlan. Ellas proveen seguridad, trabajo, defensa, recursos, instrucción, ideología; en definitiva, organizan. En esta sociedad paralela las instituciones informales se coordinan materialmente entre sí para constituir un nuevo Estado. Las categorías políticas, principalmente la de ciudadanía, encuentran nuevo significado y se adjudican nuevos derechos establecidos mediante el uso, internamente legítimo, de la fuerza.
Las poblaciones se segregan geográficamente y autoafirman su pertenencia social: los excluidos se excluyen aún más refugiándose en barrios impenetrables e ideológicamente lejanos, los incluidos se excluyen en un territorio que consideran seguro, donde están dispuestos a solventar un "Estado" al que controlan directamente mientras rehúyen el pago de impuestos al Estado formal, al que critican por su inoperancia en enfrentar la delincuencia, a pesar de ser los principales beneficiarios del modelo que la genera. Estos territorios segregados presionan para ingresar a un enfrentamiento abierto. Los reclamos de "mano dura", en todas sus formas (incluyendo el endurecimiento de la ley) se colocan de un lado de la barricada y transforman las políticas de seguridad en una guerra social imposible de solventar en el tiempo. Tal retorno previsible al Estado de naturaleza, donde se hace necesario establecer nuevas relaciones de fuerza, nos acerca a un entorno de feudalización de hecho donde las unidades políticas reales se reducen a territorios controlados por poblaciones enfrentadas entre sí y protegidas por sus propios guardias armados. El rol del Estado nacional se minimiza a ser impulsor del enfrentamiento, sin poder obtener obediencia de su monopolio de la fuerza, que obedece a su propia lógica de acumulación de capital. En este contexto las políticas de seguridad pasan primero por el tamiz del intercambio de recursos e influencias, única manera de que los actores claves de la delincuencia y la Policía acuerdan la democratización de sus respectivos poderes.
(*) Licenciado en Relaciones
Internacionales por la
Universidad de Belgrano.