Bogotá. - La armada de Colombia entregó ayer a la Fiscalía General a 61 paramilitares acusados de asesinar a unos 40 campesinos e indígenas en la pasada Semana Santa, en el mayor golpe de las autoridades en los últimos meses contra los clandestinos grupos armados contraguerrilleros. Los miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) empezaron a ser capturados el jueves último, cuando efectivos de la armada desembarcaron en una región de la costa del océano Pacífico.
El presidente Andrés Pastrana felicitó a los efectivos que participaron en la acción durante un encuentro con la cúpula castrense en la sureña ciudad de Buenaventura, el principal puerto colombiano en el océano Pacífico, centro de operaciones del frente paramilitar que fue desmantelado. Fuentes oficiales habían señalado que 57 paramilitares fueron capturados en la llamada Operación Dignidad, pero el propio Pastrana confirmó que el número de detenidos es de 61, en tanto que diez contraguerrilleros fueron abatidos también por la armada.
La acción fue ordenada por el gobierno para desmantelar a un grupo de las AUC que en la Semana Santa cometió actos de salvajismo en la llamada región del Naya, en límites de los suroccidentales departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde masacró a 40 campesinos e indígenas. Varios de los cadáveres fueron encontrados con incisiones hechas con sierras eléctricas, otros más decapitados, en tanto que los cuerpos de algunos niños presentaban tiros de gracia.
Decomiso de armas
Además de las capturas, la armada consiguió en esa operación el decomiso de 13 fusiles, un lanzagranadas, un mortero, 19 granadas, una sierra eléctrica y 20 brazaletes de las AUC. Según el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, el golpe es el más exitoso de los últimos meses contra las AUC, que se han dedicado a atacar a la población civil y a sabotear los intentos del gobierno para iniciar un proceso de paz con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las AUC, comandadas por Carlos Castaño, que tiene en su contra múltiples órdenes de captura por terrorismo y violación de los derechos humanos, admiten que se financian con dinero del narcotráfico. Los paras dirigen sus ataques contra sindicalistas, defensores de los derechos humanos y civiles a quienes perciben como colaboradores de la guerrilla.
La Ciudad
