Manila. - Cuatro muertos, la declaración del "estado de rebelión" y la detención de altos cargos públicos filipinos es el saldo de los violentos enfrentamientos la noche del lunes en Manila, cuando más de 20.000 seguidores del encarcelado ex mandatario Joseph Estrada intentaron irrumpir en el palacio presidencial de Malacañang y cientos de policías se lo impidieron. La gravedad de los acontecimientos llevó al gobierno a declarar el estado de rebelión. Fuentes gubernamentales aseguraron que los incidentes fueron un intento de derrocar al gobierno de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo. Según fuentes oficiales, el golpe de Estado fracasó porque los aliados políticos de Estrada no consiguieron el apoyo del ejército.
Al anunciar la declaración del estado de rebelión promulgado por la mandataria, el vocero presidencial, Rigoberto Tiglao, subrayó que esto no supone la cesión del control a los militares o a la policía, y que el gobierno no irá en contra de las libertades civiles. Según expertos legales, el "estado de rebelión" da a la administración mayores poderes policiales para reprimir "actos para derrocar al gobierno legítimo".
En la Constitución filipina está previsto que cuando se declara una invasión o una rebelión, el presidente puede suspender el auto de habeas corpus mientras dure el estado de rebelión. Además, la policía puede detener a sospechosos de manera indefinida. Arroyo afirmó que la declaración del estado de rebelión no afectará a los ciudadanos normales, ya que únicamente pretende aplastar la rebelión contra su administración. En un discurso en vivo por televisión, Arroyo acusó a políticos de la oposición cercanos a Estrada de instigar el ataque contra el palacio y prometió que el gobierno asegurará que los perpetradores sean responsabilizados por sus acciones. También subrayó que es la presidenta legítima del país en base a lo dicho por la Corte Suprema.
Cientos de detenidos
Dos policías y dos manifestantes murieron y otras 130 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos, que se produjeron cuando más de 20.000 seguidores de Estrada intentaron entrar en Malacañang, el peor disturbio político en el país en más de una década. Más de cien manifestantes fueron detenidos. Además, la mandataria ordenó el arresto de numerosos aliados políticos, militares y policiales de Estrada bajo la acusación de haber incitado a los seguidores del ex presidente a irrumpir en su residencia. Arroyo acusó a los aliados de su predecesor de ser los instigadores del ataque. "Está claro que su objetivo era derrocar el gobierno legítimo y, si tenían éxito, gobernar mediante una junta".
Horas después, el senador Juan Ponce Enrile fue arrestado en su casa, mientras el director de la policía, Victor Batac, y el superintendente Diosdado Valeroso se rendían. En la lista de detenidos también figuran el senador Gregorio Honasan, antiguo coronel que encabezó numerosos intentos de golpe de Estado durante la presidencia de Corazón Aquino, así como el ex embajador en Estados Unidos Ernesto Maceda y el antiguo jefe de la policía Panfilo Lacson.
Entre tanto Estrada, quien en plenos disturbios fue trasladado a una casa de 80 metros cuadrados situada en la escuela de entrenamiento de la policía en Santa Rosa, al sur de Manila, culpó al gobierno del brote de violencia. "La sangre de esas víctimas está ahora en las manos de aquellos en el poder", afirmó Estrada, de 64 años, mediante un comunicado emitido desde Santa Rosa. "Deberían responsabilizarse ante nuestro pueblo y las generaciones próximas de filipinos por este acto vergonzoso e irresponsable", añadió.
"La batalla acaba de comenzar"
Aunque pidió a sus seguidores que mantengan la calma y eviten más violencia, les instó a permanecer vigilantes, advirtiendo que la batalla acaba de comenzar. "No debemos darle a este régimen ningún motivo más para que vuelva a pisotear nuestro derecho de reunión empleando una fuerza excesiva", subrayó. "Tampoco debemos darle a este régimen una excusa para que declare la ley marcial y se asegure así su permanencia en el poder y pueda en el futuro hacer daño a su propio pueblo". "Estoy seguro de que ningún gobierno o sus esbirros puede suprimir para siempre las legítimas quejas de un pueblo vigilante", continuó. "Estoy seguro de que estamos luchando por una causa justa".
Juicio por corrupción
Estrada y su hijo Jinggoy fueron encarcelados el 25 de abril en espera de afrontar un juicio por presunto saqueo o robo de fondos públicos por hasta un millón de dólares, cargo que está castigado con la pena de muerte. El tribunal anticorrupción de Sandiganbayan ha fijado para el 27 de junio el proceso contra el ex mandatario. Arroyo aseguró que agentes del gobierno han descubierto en el hospital donde estuvo Estrada hasta su traslado a Santa Rosa unos documentos "que debía firmar declarando que ahora estaba dispuesto a volver tras una licencia".
La Ciudad
