Editorial

Cuidacoches, mal que persiste

El de los cuidacoches que, en un ejercicio de prepotencia, se adueñan de lugares con estacionamiento libre a efectos de desarrollar una actividad que muchas veces les deja pingües ganancias, es un problema que sigue dando de hablar. No es para menos, ya que todos aquellos automovilistas que padecen esa molesta presencia observan que nada o muy poco se hace con el fin de revertir la situación.
Tal accionar tiene que ver con el despojo que representa el pago compulsivo de un supuesto servicio que es una verdadera falacia. A la infinidad de lugares estratégicos de la ciudad copados de manera arbitraria y agresiva por estos sujetos denunciados por alguna u otra razón acaba de sumarse en estos días el de los aledaños del Sanatorio Británico. Allí, vecinos y automovilistas que concurren al nosocomio han elevado voces de protesta porque se sienten acosados por los cuidacoches, que según los denunciantes actúan como "verdaderas mafias". Tan vasta e impune es la actividad de estos sujetos, que mediante presiones incluso llegan a reservar espacios para clientes mensuales.
Cabe recordar, porque el caso resulta emblemático, la grave situación padecida por Ramón Ferragut, un remisero al que un cuidacoches con parada en el Hospital Italiano lo insultó y le pegó, además de rayarle el vehículo. Todo fue porque el conductor se negó a pagar el dinero que el agresor le exigía para permitirle dejar su vehículo en un lugar con libre estacionamiento. La valiente y positiva decisión de la víctima de denunciar el ataque y la velocidad con que actuó la policía permitió la identificación y detención del agresor en el momento en que intentaba la fuga.
Resulta imposible negar que el de los cuidacoches, que en la mayoría de las oportunidades se comportan como verdaderos extorsionadores, es un problema significativo y de resolución compleja. Ello es así no sólo porque de no accederse a dichas demandas coactivas lo más probable es que el coche del que resiste la exacción acabe deteriorado por la represalia, sino porque se trata de una actividad que también representa una expandida fuente de subsistencia -irregular sin dudas- para un número importante de personas. Por supuesto, de personas que, en la mayoría de los casos, no trepidan en la utilización de la fuerza, tanto para alejar a eventuales competidores como para arrancarles dinero a los automovilistas.
No obstante la existencia de esta realidad, nada exime al poder público de su obligación de actuar sobre esta cuestión, que hace al interés general de la sociedad. En consecuencia, muy alentador sería que se observara alguna actividad oficial concreta en torno de la cuestión.