A partir de la desregulación de la marina mercante en 1991, de los 166 barcos de bandera argentina existentes entonces quedan apenas dieciséis, de novecientos afiliados al Centro de Capitanes. Actualmente trabajan trescientos y de los 20 mil trabajadores marítimos sólo se embarcan regularmente alrededor de tres mil.
Este lapidario panorama sobre la marina mercante quedó expuesto durante las Jornadas de Trabajo del Río de la Plata, que la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados organizó esta semana en el ferry Solidor II, el único de bandera argentina que cubre el trayecto entre Buenos Aires y Colonia.
Durante las deliberaciones de la comisión de Turismo que fueron presididas por su titular Alejandro Balian (UCR-Córdoba), varios legisladores, funcionarios de turismo y dirigentes gremiales reclamaron inmediatas medidas que fomenten la actividad de las empresas del sector y alienten la inversión.
En tal sentido, se mencionó que actualmente el 90 por ciento de los dos millones de personas que utilizan el transporte fluvial para movilizarse entre Argentina y Uruguay lo hacen en buques de bandera uruguaya y que muchas compañías navieras transfirieron sus barcos a Panamá, Uruguay o Paraguay, para eludir las obligaciones fiscales y las leyes laborales internas.
"Al utilizar tripulaciones uruguayas o panameñas, los profesionales marítimos, portuarios y de servicios conexos contemplan sin comprender la imposibilidad de tener cabida en la actividad profesional para la cual dedicaron sus esfuerzos desde la juventud pasando a ingresar la estadística espeluznante de los desocupados o subocupados", señalaron las entidades que agrupan a los maquinistas, capitanes y personal marítimo argentino.
Hernán Lapuente, gerente de Fast Ferry, la única línea de bandera argentina que próximamente navegará también hasta Montevideo, anticipó que la empresa podría radicar su próximo buque en Uruguay, de no mediar medidas de fomento o protección a las navieras de capital nacional.
"Hay empresas, que de cuatro barcos, tres lo matricularon en Paraguay y dejaron uno en el país, otras lo hicieron en Panamá o en Uruguay donde hay muchas facilidades para inscribir una nave. Por eso han quedado tan pocos barcos de bandera argentina", señaló Lapuente.
Desregulación
La desregulación de la marina mercante se concretó en 1991 mediante el decreto 1.772 de necesidad y urgencia, del ex presidente Carlos Menem y su entonces ministro Domingo Cavallo. La desregulación eliminó obligaciones sobre el componente nacional de las tripulaciones y actualmente "se consigue una libreta liberiana o panameña de embarque por 1.500 dólares y se firman contratos fechados en Montevideo en oficinas de la calle Florida", señalaron los dirigentes gremiales del sector.
También comentaron que la mitad de los 1.400 maquinistas navales censados "están desocupados o tienen que trabajar de remiseros".
También se mencionó que el 95 por ciento de los buques que navegan por los canales fueguinos "son de bandera chilena, repitiéndose la situación del río de la Plata. Estamos rodeados de empresas de países limítrofes con legislaciones permisivas", se quejaron al unísono empresarios y legisladores.
Balian admitió que no existe legislación sobre turismo marítimo y transporte fluvial, aunque resaltó que "gracias a los esfuerzos de esta comisión hemos conseguido recientemente el reintegro del IVA a las actividades turísticas en zonas de frontera".
El legislador Carlos Courel (UCR-Tucumán) luego de escuchar este informe de la situación prometió presentar un proyecto legislativo que declare de interés nacional el turismo fluvial permita la incorporación temporaria de buques extranjeros a las compañías de bandera argentina.
La Ciudad
