El juez Jorge Urso comenzará a analizar hoy las posibles fechas para la ampliación de las indagatorias a los procesados por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, entre ellos varios ex ministros menemistas, y si convocará para declarar al ex presidente Carlos Menem y al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Mientras, Emir Yoma sumará hoy otra denuncia en su contra, esta vez de parte de la Oficina Anticorrupción.
Respecto a la situación de Menem, el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan enfatizó ayer por la mañana que el ex jefe del Estado "no está nervioso" por las derivaciones del caso, y consideró que no cree que haya "una persecución política" por parte de la Justicia contra el menemismo sobre la cuestión.
"No creo que las decisiones judiciales sean una persecución política, pero sí el accionar permanente de la oficina del gobierno, como la Oficina Anticorrupción, que se ha dedicado a pasar las sospechas a la prensa antes que a los juzgados", sostuvo el ex funcionario.
El juez Urso requisará la profusa documentación relacionada con la investigación, después de definir la semana pasada el procesamiento de Yoma, ex asesor y ex cuñado de Menem, por ser el presunto organizador de una asociación ilícita que concretó el desvío de armamento a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995.
Urso pediría la ampliación de las indagatorias a los ex ministros de Defensa Oscar Camilión y Antonio Erman González, al ex canciller Guido Di Tella, al ex jefe del Ejército Martín Balza, y a efectivos de la fuerza procesados en el expediente.
Kohan dijo que Carlos Menem "no está nervioso" por el tema. "¿Por qué tiene que estar nervioso?", se preguntó el ex funcionario, quien agregó que en la cuestión "hay dos temas por separado: uno la venta de armas y otro el eventual pago o no de comisiones".
De esta manera, refutó la posición del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien manifestó que los polémicos dichos de Menem, relacionados con su consejo de comprar dólares, tenían por objetivo desviar la atención sobre la causa que investiga el juez Jorge Urso.
Tanto Menem como Cavallo firmaron los tres decretos de venta de 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela, entre 1991 y 1995, que luego se desviaron a Croacia y Ecuador.
Entretanto, el ex jefe de la planta de carga de la Fábrica Militar de Río Tercero, Omar Gaviglio, señaló que el desastre ocurrido por las explosiones en noviembre de 1995 "fue un atentado", cuyo motivo principal habría sido "borrar las pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia".
Así lo sostuvo Gaviglio en una entrevista que publicó ayer La Capital, en la cual se mostró "totalmente convencido" de que se trató de "un atentado" y recordó que "hay varias razones que avalan esa hipótesis, o más bien, esa certeza".
A todo esto, Urso pondrá especial atención en los papeles secuestrados a la financiera Multicambio, sospechada de ser uno de los caminos del desvío del dinero.
En ese sentido, ya está trabajando un equipo de especialistas y una decena de expertos aportados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para determinar la ruta del dinero.
Por su parte, Kohan insistió en que "el tema de la venta de armas (a Panamá y a Venezuela) se ha hecho absolutamente dentro de la legalidad" e indicó que "para eso está el juez, que tiene que decidir quién es responsable y quién no, y quién tiene que estar nervioso y quién no".
En ese contexto, estimó que el desvío de armas "es un problema del país de destino y no del de origen", y pidió "no confundir" a la sociedad, "ya que no ha habido venta de armas a Croacia y a Ecuador", sino a Panamá y a Venezuela.
Una más, y van...
En otro orden, trascendió en fuentes gubernamentales que Yoma sumará una nueva denuncia que compromete aún más su situación judicial. En este caso la presentación ante la Justicia será realizada por la Oficina Anticorrupción y tiene que ver con una presunta coima que el ex funcionario le habría solicitado a una empresa italiana en los primeros años de la década menemista.
La denuncia será presentada hoy en el juzgado federal de Gabriel Cavallo y desempolvará un viejo proceso judicial que parecía terminado: la llamada "conexión argentina" de la tangente (coima) italiana, una causa que aglutinó una larga lista de denuncias sobre negocios turbios nacidos en un acuerdo sobre créditos entre el Estado argentino y el italiano llamado Relación Asociativa Particular, que firmó el ex presidente Raúl Alfonsín y se puso en marcha durante los primeros años de la gestión menemista.
Según fuentes allegadas a la oficina gubernamental, la embestida "es una bomba" que además podría arrastrar al hermano mayor de Emir, Alfredo Karim. Por ese entonces, Karim era secretario de Asuntos Especiales del entonces canciller Domingo Cavallo.
En concreto, Emir sería denunciado porque en 1990, se dirá en el escrito, habría intentado coimear a un empresario italiano que quería instalar en la Argentina estaciones de servicio de gas natural.
La Ciudad
