Año CXXXIV
 Nº 49.096
Rosario,
lunes  23 de
abril de 2001
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Repudian las amenazas que recibió una jueza de Cañada de Gómez

Walter Gasparetti

Cañada de Gómez. - La Cámara de Senadores de la provincia pronunció un enérgico repudio ante las amenazas que recibió recientemente la jueza de instrucción en lo penal del Distrito Judicial Nº 6 de esta ciudad, Ana María Bardone, quien investiga varias causas referidas a la comisión de delitos de distinta índole por parte de miembros de la Unidad Regional X de policía.
Una copia de la declaración fue entregada a la magistrada por los legisladores Norberto Betique (departamento Iriondo) y Alberto Crossetti (departamento Belgrano), quienes se reunieron con la titular del Juzgado de Cañada de Gómez en su despacho de calle Moreno y Balcarce.
"Le expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la jueza Bardone por las amenazas que recibió y además le dimos nuestro aliento para que siga trabajando e investigando los hechos delictivos que involucra a policías de la provincia de Santa Fe", dijeron los senadores a La Capital al término de la reunión privada.
En enero de este año la titular del Juzgado de Instrucción con asiento en esta ciudad recibió una serie de amenazas que no fueron precisadas a la prensa debido al secreto de sumario que pesa sobre el expediente que está a cargo de la jueza en lo Civil, Comercial y Laboral del mismo tribunal, Adriana Cuaranta.
La jueza Bardone continúa bajo una estricta vigilancia policial a cargo de efectivos de la Unidad Regional X, tanto en su casa particular como en dependencias del juzgado donde actúa. El secretario de instrucción de ese juzgado dijo a este diario que aún restan hacer una serie de medidas pendientes para cerrar el caso.

El inicio
Las amenazas a la jueza cañadense comenzaron cuando el Juzgado Penal de Cañada de Gómez inició una investigación sobre un caso de piratería del asfalto en la ruta 9, en el que presuntamente había implicados policías de la Unidad Regional X en dejar una zona liberada para la operatoria de los asaltantes de caminos.
Ese hecho derivó en la imputación del ex jefe y subjefe de la Unidad Regional X, Edgardo Aranda y Omar Orellano, respectivamente, además de una decena de efectivos de esa repartición que también fueron indagados por el presunto encubrimiento policial. Otros hechos e imputaciones de policías se sumaron meses después cuando se descubrieron otros encubrimientos de ilícitos cometidos en esta ciudad.

Esclarecimiento
Asimismo, esta semana está previsto encarar algunas medidas importantes para el esclarecimiento definitivo de la causa. Uno de los aportes más trascendentes en materia de investigación fue realizado semanas atrás por policías de la División Judiciales de Santa Fe.
El inicio de un expediente paralelo a la causa del hecho de robo de un camión con 34.000 litros de combustible que fue descargado en la estación de servicio Sol de Correa partió a raíz del ingreso de un escrito con denuncias puntuales sobre supuestos aportes de dinero efectuados por la empresa hacia la policía.
"Pretendemos una jueza que trabaje con libertad, sin ningún tipo de presión, y por esa causa hay un apoyo unánime de la Cámara de Senadores de la provincia. Como nosotros pertenecemos a la región de ingerencia del juzgado quisimos dar nuestro apoyo y solidaridad por las amenazas recibidas", dijeron Crossetti y Betique.


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