La Cámara Penal confirmó los procesamientos dictados por un juez

Cuatro policías irán a juicio por extorsión y otros graves delitos

Exigían dinero a sus víctimas para no inventarles una causa. Están detenidos y hay más implicados

La Cámara Penal de Rosario confirmó los procesamientos por extorsión, amenazas, exacciones ilegales y privación ilegal de la libertad a cuatro policías que revistaban en las comisarías 12ª y 17ª. Los procesados están acusados de chantajear a vecinos de ambos barrios, algunos de ellos con antecedentes, exigiéndoles una paga que iba desde los 100 hasta los 2.000 pesos o mercaderías, según la víctima, para no iniciarles un sumario con cualquier excusa. Entre los procesados, que llevan varios meses detenidos, figura un ex subjefe de la seccional del barrio Ludueña con rango de subcomisario.
Los procesamientos fueron dictados en su momento por el juez de Instrucción Nº 14, Adolfo Prunotto Laborde, y luego apelados por los abogados defensores de los imputados. Pero ahora la Sala IV de la Cámara los confirmó, aunque con cambios: a todos les quitó la calificación de asociación ilícita, una figura penal que hubiera agravado la pena en caso de que los policías terminen condenados al cabo de un inminente juicio.
Los procesados son el subcomisario Eduardo Bruno Ojeda, los oficiales Horacio Miguel Prado y Ramón Higinio Arce y el suboficial Alberto Rubén Nieto.
Un quinto policía, identificado como Ramón Orlando Luna, también había sido procesado por Prunotto Laborde, aunque ahora la Cámara revocó esa medida.
Pero la nómina es incluso más extensa ya que en su momento el juez procesó a otros policías, entre ellos a una mujer, que están libres porque están acusados de delitos excarcelables. Ahora, todos ellos serán enjuiciados.
Prado y Nieto están detenidos desde agosto de 2000, mientras que Ojeda, Arce y Luna fueron arrestados a mediados de diciembre. Después de la resolución de la Cámara, el único excarcelado es Luna.
Los efectivos fueron denunciados en distintas fechas por seis vecinos del barrio Ludueña. Las denuncias se hicieron ante un par de fiscales de la Justicia, en algunos casos, y en otros ante las Tropas de Operaciones Especiales de la policía. Según los denunciantes, los efectivos se asociaron para exigirles dinero o mercaderías. Para conseguir su propósito los intimidaban mediante amenazas de incriminarlos ante alguna infracción, real o inventada, o comprometer la situación procesal de personas que ya estaban bajo investigación policial.
Uno de los denunciantes, que cumplía la última parte de una condena en libertad condicional, dijo que a él lo amenazaron con iniciarle una nueva causa para que no pudiera seguir gozando de ese beneficio, que exige conducta intachable.
Otro vecino, Florencio Ataliva Vega, denunció que le pidieron 2.000 pesos y que si no los pagaba él o su familia iban a tener "graves problemas".
La mayoría de las víctimas denunció que los policías le exigían 100 pesos, pero el propietario de una empresa de mudanzas dijo que a él llegaron a pedirle 2.000 para no inventarle una causa.
Como se trataría de personas con antecedentes penales y hasta judiciales, las defensas de los policías intentaron atacar la legitimidad de sus denuncias. Pero la Cámara descartó de plano ese insólito planteo con un argumento contundente: si así se hiciera, es decir si se relativizaran las denuncias cuyos autores tienen antecedentes policiales o judiciales, estas personas se convertirían en víctimas permanentes del apriete impune de quienes, habiendo advertido esa situación, decidieran explotarla en su provecho. Que es, ni más ni menos, lo que hacía este grupo de policías.