Es una verdadera carrera contrarreloj. Ex ministros del gobierno del ex presidente Carlos Menem y militares procesados por la venta ilegal de armas analizan la posibilidad de pedir ante la Corte Suprema de Justicia la inhibitoria del magistrado federal Jorge Urso. En tanto, el juez indagará nuevamente mañana al empresario Emir Yoma, detenido como presunto organizador de una banda que habría traficado material bélico.
La estrategia que preparan los ex funcionarios menemistas gira sobre la posibilidad de utilizar, en favor de los propios acusados, el duro fallo en el cual la Sala II de la Cámara Federal porteña sostuvo que la venta ilegal de armas constituyó una cuestión de Estado que surgió de decisiones de las más altas autoridades del país.
En ese sentido, hubo reuniones entre varios abogados vinculados al expediente. Además, el ex juez Fernando Archimbal, quien patrocina al ex ministro de Defensa Antonio Erman González, sería uno de los interesados en el asunto, sobre el cual ya han comenzado a buscar jurisprudencia.
Según fuentes del PJ, también César Arias -apoderado del partido- suma esfuerzos al diseño de la estrategia, que básicamente consistirá en plantear ante la Corte que Urso carece de competencia para investigar las "decisiones soberanas del Poder Ejecutivo".
El ex jefe del Ejército Martín Balza y el ex canciller Guido Di Tella, procesados por las maniobras, también confiaron un análisis del asunto a sus respectivos defensores.
Y algunos militares, como el ex coronel Edberto González de la Vega, quien fue directivo de Fabricaciones Militares (FM), y el ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa Guillermo Etchechoury estudian -abogados mediante- el planteo.
Por otra parte, Urso, quien seguramente procesará a Yoma como "organizador" de una asociación ilícita que exportó toneladas de armas a Ecuador y Croacia en forma clandestina, ampliará el interrogatorio al ex asesor presidencial, detenido desde el 7 de abril pasado.
A su turno, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió el procesamiento y la prisión preventiva de Emir, aclaró que "jamás" dijo que Menem y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, estuvieran a salvo de sus acusaciones en el delicado expediente
"Alguien interpretó mal algunos dichos míos, yo jamás dije eso", sostuvo Stornelli, quien enfatizó que "todos los temas están en evaluación".
Voceros menemistas admitieron la existencia de una "preocupación lógica" por el avance de la investigación penal, que se cerrará sobre el ex presidente si finalmente Yoma queda preso y procesado como "organizador" de una asociación ilícita (ver aparte).
Si el juez toma esa determinación, estará en la incómoda situación de determinar quién fue el jefe de la banda: alguien con necesaria autoridad sobre Emir.
En tanto, Urso volvió a convocar a declarar a Yoma, quien mañana será trasladado desde las dependencias de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo a los Tribunales federales de Retiro.
Fuentes judiciales dijeron que Emir, quien puede negarse a declarar, será interrogado sobre los siguientes puntos:
* Las afirmaciones de su ex secretaria privada Lourdes Di Natale, quien reveló supuestas relaciones entre Yoma, el sirio Monzer Al Kassar y funcionarios vinculados al escándalo de las armas. Además, la testigo habría aportado precisiones sobre movimientos de dinero.
* Datos que surgen de la documentación secuestrada en los últimos allanamientos que ordenó Urso, referida a cuentas bancarias y transferencias.
* Elementos aportados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, cuyo ex interventor Luis Sarlenga está detenido desde hace más de dos años.
Designado en ese cargo por Erman González, Sarlenga formuló el 6 de abril una confesión que motivó el arresto de Emir en plena madrugada.
"Yoma no se quiebra", disparó, a su turno, el abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor del empresario preso.
Cúneo intenta impugnar como testigo a Di Natale -con quien tiene una hija y una conflictiva relación-, para lo cual pidió y consiguió la incorporación al expediente de las armas de un sumario en el que la mujer está imputada por presuntas extorsiones a Emir.
Paralelamente, Al Kassar rompió el silencio y desafió a debatir a Cavallo, quien se despachó con una dura réplica: "El debe rendir cuentas a la Justicia" (ver página 11).
Por su parte, las diputadas frepasistas Graciela Ocaña e Irma Parentella suministraron al juez nuevos documentos sobre Yoma SA y la firma Elthan Trading, perteneciente al grupo y con sede en Uruguay (ver página 11).
Elthan, para los investigadores, habría sido una pieza clave de la ingeniería financiera del escándalo de las armas.
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El escándalo por el tráfico de armas sigue rondando por el menemismo. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
