¿Qué repercusiones tendrá en el mercado laboral la nueva gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía? La pregunta del millón se repite incansablemente entre los argentinos que sufren una de las tasas de desempleo más altas de la historia (14,7% en octubre pasado), y desvela al gobierno de Fernando de la Rúa, que después de un año en el poder ha visto cómo los índices de desocupación -lejos de disminuir- suben sin piedad.
El Ministerio de Trabajo, conducido por Patricia Bullrich, está abocado al análisis de una serie de cambios en el ámbito laboral a partir del lanzamiento del denominado plan de competitividad con el cual el ministro Cavallo espera atacar la recesión, y como consecuencia, encontrar una salida a la problemática del trabajo en la Argentina.
En ese marco se discute con los gremios una nueva reforma a la ley nacional de empleo (24.013) vigente desde el 91. ¿Se profundizará la flexibilización laboral? Aunque por el momento desde la órbita oficial se niegan a utilizar ese término, Cavallo viene poniendo el tema en la agenda cada vez que puede, y desde los sindicatos no ocultan el temor a un avance en ese sentido. La semana pasada el ministro señaló que espera que de esa discusión con los gremios surja voluntad entre las partes y que "pongan un granito de arena cada uno" para acompañar el despegue de la economía nacional. No hay mayores precisiones, pero no es difícil suponer que se revisarán los convenios colectivos sectoriales apuntando a una negociación a nivel de las empresas.
Los analistas y técnicos de la cartera laboral, mientras tanto, tratan de arrimar soluciones, pero siempre con una aclaración como principio: "No podemos generar empleo sino crear instrumentos que reduzcan un poco los efectos de la crisis. Para frenar la desocupación se necesita, primero, reactivación económica", según las palabras del secretario de Trabajo de la Nación, Anselmo Riva.
En tanto no se revierta la crítica situación económica de la Argentina, queda claro que sólo hay lugar para paliativos, que por ahora vienen de la mano de políticas activas. En ese orden se inscriben:
1- Planes para beneficiar a la industria de la indumentaria, el calzado y la metalurgia: el objetivo es que estos sectores -demandantes de mano de obra y de los más castigados por la recesión- se reanimen a partir de la obtención de una mejor disponibilidad para acceder al crédito, disminución de los aportes patronales, incentivos fiscales, medidas arancelarias que los protejan, programa de eliminación del trabajo informal. La Secretaría de Industria es la encargada de definir los requisitos básicos para que las empresas puedan acceder a estos "beneficios", que se harían extensivos a otros sectores en riesgo antes de fin de año.
2- Moratoria para pymes: como la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas tiene dificultades para afrontar los compromisos fiscales y muchas de ellas acumulan deudas en materia de aportes patronales, la Secretaría de Trabajo está analizando una norma tendiente a establecer un plan de pagos (a modo de moratoria) para que los empresarios puedan ir "blanqueando" su situación, y de esta manera, ser sujetos de los beneficios antes mencionados. "La idea es establecer un régimen que puede tener plazos de 3, 5 ó 10 años, según se determine, para esclarecer la historia pasada. Según los casos, los proyectos - ya hay varios en estudio- saldrán por ley o decreto", mencionó Riva a La Capital .
3- Pre-jubilación: Se trata de un proyecto de ley que será enviado al Congreso por estos días para que los trabajadores a quienes les falten cinco años para jubilarse puedan acordar con el empleador un especie de "retiro voluntario". A cambio, se les pagarán durante esos cinco años los aportes previsionales teniendo en cuenta la última remuneración percibida. También mantendrán la cobertura social. El programa ya se comenzó a aplicar en las empresas Telefónica y Telecom. "El proyecto brinda una solución para los que se retiraron del sistema previsional antes de acceder a la jubilación y les conviene a las empresas porque obtienen retiros voluntarios acordados entre las partes evitando situaciones de conflicto", explicó Riva.
4- Subsidios para sectores en emergencia: ya se puso en práctica con los empleados del sector de la carne. La crisis de la industria frigorífica a causa del rebrote de aftosa, motivó la firma de un decreto de asistencia que sigue la línea de los seguros de desempleo. Se determinó que los trabajadores -suspendidos a causa de la falta de trabajo- percibirán 300 pesos por seis meses sin perder su condición de empleados. Lo mismo se aplica al ingenio azucarero de Tucumán. La intención es que se pueda contar con este tipo de ayuda de emergencia para situaciones especiales a fin de minimizar los impactos de una crisis profunda y de aparición violenta.
5- Registro único de pago: en la cartera laboral se está avanzando en el estudio de un sistema de pago único para las empresas, con el objetivo de reducir la "carga burocrática", según explicó Riva. Al mismo tiempo, este mecanismo apunta a impedir la evasión de las empresas. Esta medida acompañaría al sistema del registro único de incorporación laboral, que ya está vigente.
6- Reemplazo de pasantías: la intención es cambiar los denominados contratos de aprendizaje o pasantías por un instrumento que se parezca al esquema de empleo-formación, que ya fue implementado en la primera etapa del menemismo, cuando Cavallo era ministro de Economía. Paralelamente se ofrecería al empleador que deje efectivo al pasante algún tipo de beneficio patronal.
7- Depósito de la remuneración total bruta: está avanzado un proyecto por el cual el empleador se verá obligado a depositar en entidades bancarias el total de la remuneración de sus empleados (incluyendo cargas sociales y aportes patronales) para que los bancos se encarguen posteriormente de entregar los correspondientes aportes. Es para evitar la evasión de estas obligaciones por parte de las empresas.
8- Fiscalización de cooperativas: para evitar la evasión en el pago de aportes y contribuciones en los casos que los empleados hayan sido registrados como socios cooperativos en vez de trabajadores dependientes, se amplió la fiscalización en las cooperativas de trabajo. El Ministerio de Trabajo puede aplicar el poder de policía laboral. Si se prueba el fraude el caso será denunciado a la Afip y a organismos de control fiscal.
"Todas las normas que estamos pensando tienden a favorecer el ingreso de los trabajadores al sistema registrado con políticas activas y también bajando las cargas sociales. Todo lo que podemos hacer es para acompañar el despegue económico, pero si no se da el crecimiento va a ser muy difícil lograr resultados efectivos", explicó Riva, quien también se refirió a otra de las consecuencias más graves de los 33 meses de recesión: el aumento del empleo en negro, que según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) alcanza al 38,6% de los trabajadores, lo que equivale a decir que 4 de cada 10 trabajadores está en el sistema informal.
"Tenemos que atacar la informalidad porque es la que permite que no se pague al empleado lo que corresponde, que se trabaje en condiciones de insalubridad, que no se respeten las jornadas de trabajo, ni los convenios colectivos, entre otros abusos", dijo el secretario de Trabajo de la Nación.
Las medidas urgentes
Por lo pronto, el gobierno mantiene los programas de empleos transitorios subsidiados como: planes Trabajar, Programa de Emergencia Laboral y Crear Trabajo, que proveen una solución temporaria para situaciones conflictivas o de miseria. Pero este tipo de instrumentos tienden a desaparecer una vez que se pongan en marcha los subsidios para jefes de hogar sin trabajo, como el que correrá desde el 1 de julio. Beneficiará a 206 mil padres de familia desocupados, que al no tener ningún tipo de ingresos están la categoría de indigentes. En los últimos días surgieron "dudas" por parte de los gremios y las provincias sobre la aplicación de esta medida. Consideran que no será suficiente y que sólo alcanzará al 10% de la población que se encuentra con necesidades básicas insatisfechas. Pasado mañana hay una reunión en Bariloche para tratar el tema.
La intención gubernamental no es "eternizar" estos mecanismos. "Para mí este tipo de programas es desempleo. Hablar de empleo es hablar de reinserción, capacitación, estudio de campo sector por sector, cultura del trabajo", dijo Riva.
De todos modos, el funcionario reconoció que "hay que hacerlo porque no se puede desconocer la realidad económica. Hay que hacerlo mejor y más, si es necesario y si nos dan los recursos, pero hay que llamar a las cosas por su nombre: eso es rol de protección y asistencia para situaciones de pobreza. Eso no es empleo activo", enfatizó.
Preparados
En la misma línea opinó Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA): "No cabe duda que desde la llegada de Cavallo al gobierno hay otro ambiente, otras expectativas, pero la resolución del problema del empleo pasa por una reactivación que conduzca a un modelo de crecimiento con el componente de la promoción del empleo genuino, regular y en blanco", señaló a este medio.
El especialista piensa que aunque momentáneamente no pueden darse soluciones de base, "hay que encontrar los consensos sociales que permitan que cuando el crecimiento vuelva sea con empleo -sobre todo para las pymes- a través de fórmulas que incentiven la rápida respuesta del mercado de trabajo".
Funes de Rioja hace la siguiente aclaración: se puede crecer con o sin empleo, esto último le sucedió a Argentina en el período 91-94, y para que no se repita ese camino hay que generar facilidades contractuales, una disminución de las cargas patronales y medidas macroeconómicas que incluyan acceso al crédito y mejoras tecnológicas.
Funes de Rioja acuerda con el plan de avanzar en la "recuperación" por sectores "para encontrar soluciones a medida" para cada rubro, pero insiste: "Lo primero es crear la confianza y el consenso. Hay que darle vitalidad a la esperanza y vencer la persepción de desazón que se ha multiplicado".
El abogado laboralista Héctor Recalde, asesor de la CGT disidente, en diálogo con La Capital aseguró que "no está mal enfocar los problemas en forma sectorial" pero dejó sus temores respecto a que se avance con "más flexibilización laboral", algo que desmienten tanto la ministra Bullrich como el secretario de Trabajo, pero está presente en la carpeta de propuestas que baraja el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Respecto a la aplicación de políticas activas, Funes de Rioja considera que las mismas demuestran su utilidad cuando están acompañadas del crecimiento, pero "no sirven para reestablecer las condiciones de crecimiento".
En tanto, Recalde deja planteada una inquietud en relación a la posibilidad de que "vuelvan los contratos basura de la mano de Caro Figueroa (Armando) y Cavallo". Sobre este punto, recuerda que cuando Cavallo implementó esta modalidad "el empleo en negro andaba por el 25% y ahora está en más del 38%".
"Esto sucedió con esos contratos pero también con el mal manejo de las rebajas de aportes patronales y contribuciones que hicieron trepar la evasión y la informalidad en el trabajo", reflexionó Recalde.
Recalde está entre los que consideran que por ahora "no hay salida" y que se requiere un corte drástico en el camino que sigue desde hace más de una década la economía nacional. El abogado de la CGT fue contundente: "En este modelo económico no hay espacio para disminuir la desocupación. Lo de Bullrich es puro voluntarismo. Está presa del plan económico", resumió.
Mientras tanto, la aludida funcionaria adelantó que en la encuesta de mayo no habrá sorpresas, ni para bien ni para mal, lo que es igual a decir que sigue habiendo 2 millones de desocupados en el país, un dato que refleja la crisis laboral más persistente de la historia.
La Ciudad
