El subsidio para jefes de hogar indigentes genera dudas y expectativas

El gobierno va en busca de consensos para poner en marcha el salario social

El Consejo Federal del Trabajo se reunirá en Bariloche y escuchará las alternativas que llevarán las provincias

El Consejo Federal del Trabajo se reunirá el martes en Bariloche para consensuar la aplicación del subsidio a 206 mil jefes de familia indigentes y desocupados, en un encuentro en el que los representantes de la cartera laboral nacional recibirán apoyo con reservas, objeciones y, sobre todo, muchas dudas de las provincias.
La propuesta de un subsidio denominado ingreso social para combatir la pobreza y la exclusión, anunciado hace dos semanas por el presidente Fernando de la Rúa y la titular de Trabajo, Patricia Bullrich, contó con el apoyo inicial de las provincias y de las CGT oficial y disidente.
Sin embargo, la lectura de la letra chica del proyecto que hicieron los titulares de las carteras laborales provinciales y los apoderados gremiales despertó dudas y generó propuestas que podrían alterar las intenciones del gobierno en la búsqueda del consenso necesario para aplicar el subsidio.
De entrada, los distintos sectores involucrados en la iniciativa coinciden en afirmar que los 206 mil subsidios que el gobierno se propone instrumentar a partir del 1º de julio no alcanzan a abarcar al 30 por ciento de la población que vive bajo la línea de pobreza y ni siquiera al 10 por ciento situado bajo la línea de la indigencia.
En Bariloche, el secretario de Empleo, Horacio Viqueira, escuchará las alternativas que llevarán las provincias. Esas variantes van desde un proyecto regional para las provincias patagónicas, auspiciado por el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, hasta una rebaja del seguro para "atender a las realidades regionales" impulsado por la representante de Santa Fe, Roxana Latorre.
Las dos centrales sindicales tiene un abanico de proyectos: desde elevar gradualmente el ingreso social hasta los 380 pesos, (propuesta original de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA) hasta abarcar a los 720 mil hogares indigentes que existen en el país.
Para la CTA, ausente de la reunión en la que se anunció el plan, el gobierno les "copió" la propuesta, "tomó" las herramientas, pero "cambió el contexto", según señaló el economista Claudio Lozano. "Mientras la CTA fijó un seguro de 380 pesos, el gobierno estableció uno de 160, con lo cual se institucionaliza el nivel de indigencia y no se lo resuelve", explicó.
No son pocos los participantes de la reunión del Consejo del Trabajo que sostienen que, en realidad, para darle forma a la iniciativa el Ejecutivo nacional "usa la misma plata, que saca de un plan y pone en otro".
En las cercanías de Bullrich se explica que los 500 millones de pesos anuales necesarios para implementar el subsidio saldrán de "partidas no ejecutadas, de refundir algunos aportes y de nuevos recursos", y se especula con que el dinero provenga de un porcentaje del impuesto al cheque.
Lo cierto es que representantes de las provincias consultadas coinciden en que el plan "no resuelve los problemas, pero ante la extrema necesidad, ayuda". También confirman las dudas, porque "no es cuestión de vestir a un santo para desvestir a otro", aseguran.