El campo, con el peso de la deuda y el riesgo

La deuda bancaria del sector ronda los 8 mil millones de pesos. Los números encienden la voz de alerta

Susana Merlo

De acuerdo a los últimos datos conocidos, el volumen de la deuda bancaria del sector agropecuario ronda actualmente los 8 mil millones de pesos, a los que habría que agregarle 2.300 millones más de deuda comercial, mayoritariamente con proveedores de insumos. Pero el lado más grave es que de semejante monto, se estima a su vez, que el 35% es deuda "irregular", o en la mora, porcentaje que en algún caso de banca oficial es más que "conservador".
Las cifras, dadas a conocer por un alto funcionario de Agricultura, no hacen más que confirmar el alerta que tantas veces se lanzó desde La Capital, y justifica plenamente la también crítica situación por la que atraviesa buena parte de la cadena comerical y que determinó el cierre de muchas empresas, y el traslado de otras (generalmente multinacionales) a países limítrofes.
Analizando distintos rubros, se ve además que buena parte de la molinería se encuentra comprometida, al igual que el sector frigorífico que, además, se vio más comprometido aún tras la reaparición de la aftosa en el país que ya durante el primer trimestre del año provocó una caída en las ventas externas de alrededor de 30% respecto a igual lapso del año pasado.
Por su parte, los aceiteros sostienen que en los dos últimos años ya perdieron más de 500 millones de pesos, y así sucesivamente,.
Queda claro, entonces, que el estado económico-financiero del sector agropecuario en su conjunto está muy comprometido, dado que si el frigorífico o la usina o el molienda andan mal, los productores no pueden andar demasiado bien, al menos, no por mucho tiempo y acá, más acentuadamente desde el 98, las cosas se van complicando geométricamente puesto que el impacto de las deudas de arrastre es exponencial.
Mirando las cosas desde la empresa campo, la situación no mejora para nada. Las contingencias climáticas (sequías, granizos, incendios, inundaciones, en algunos casos casi estructurales), sólo constituyen un elemento extra que agrava más el estado económico de las empresas.
Aunque, en este punto, vale una consideración pues las situaciones son muy distintas según se trate de un campo endeudado, respecto a uno sin deudas, pero son escasísimos los que pueden mostrar un estado ideal semejante.
Para la mayoría, la conjunción de caída de precios, con la consecuente baja de la rentabilidad, que se vino operando en los últimos años, sumada al renovado incremento de la presión impositiva y, además, otros, costos, como la demora en la devolución del IVA a las exportaciones que, obviamente, terminan pagándola los productores, etcétera, determinaron un incremento de la deuda, ya que los préstamos bancarios o los créditos comerciales constituyeron prácticamente la única forma de financiamiento ante la disminución de los recursos genuinos generados por la empresa y el aumento de los gastos.
De tal forma, no sorprende demasiado que la nueva gestión de Agricultura parezca haber retomado el tema del riesgo y el seguro agrícola como una de las prioridades. Es que esta asignatura pendiente es una de las causas del encarecimiento de los créditos (debido al riesgo implícito de la actividad agropecuaria), pero también de las restricciones de acceso a los préstamos ya que al sector financiero, hasta ahora, parece resultarle mucho más atractivo cualquier otra área, incluyendo el consumo, que la producción agropecuaria sujeta a avatares climáticos y con endeudamiento de arrastre.
Se estima que, de ponerse en marcha o generalizarse el seguro, los costos crediticios podrían bajar sensiblemente debido al acotamiento del riesgo. A su vez, una utilización más masiva de este instrumento, posibilitaría el abaratamiento del instrumento, todavía comparativamente caro, en especial si se tiene en cuenta la actual renta del campo.
Naturalmente, esta sola herramienta no alcanza para solucionar los problemas del campo, por lo que se descuenta que debería ir acompañada por la reformulación de la ley de emergencia agropecuaria (que, hasta ahora, constituye más un salvavidas de plomo que una ayuda concreta para los productores), y el saneamiento definitivo -y real- del sistema financiero a partir de un verdadero, factible y lógico plan de refinanciación de pasivos (y no uno que vuelva a premiar a los que no pagan), y no lo que ocurre hasta ahora donde, en general, solo se trata de promociones periodísticas con poca participación concreta de los productores dado que los planes son impracticables.