El juez federal Jorge Urso pidió ayer colaboración al gobierno nacional para obtener de Estados Unidos -cuyo ex embajador en Argentina James Cheek sería llamado a declarar- datos sobre la cuenta del MTB Bank de Nueva York a la que habrían sido girados fondos del presunto contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El detenido ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga dijo en su última indagatoria que el destinatario del dinero transferido a esa entidad crediticia sería el empresario Emir Yoma, preso desde el sábado pasado.
En tanto, el fiscal Carlos Stornelli consideró que no existe posibilidad de que el ex presidente Carlos Menem y el actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, sean llamados a declarar como imputados en la causa. El magistrado, agregó Stornelli, "ordenó la declaración en su momento de Cavallo y Menem, y lo hicieron una o dos veces como testigos, no como imputados".
Urso tomará hoy declaración a Michel Marcel Weill Leus, presidente de Elthan Trading, firma perteneciente al Grupo Yoma y con sede en Montevideo, Uruguay. Su antecesor en el cargo fue Muhammed Yalal Nacrach, sobrino de Emir, quien será interrogado a las 11.
Otra vez a Tribunales
Además, fue fijada para el mediodía la audiencia en la que el presidente del Banco Central, Pedro Pou, deberá explicar la demora de la Gerencia de Requerimientos y Control de la entidad en analizar las cuentas abiertas por Fabricaciones Militares, las de la firma Multicambio y todas las que pudieran registrar el traficante de armas prófugo Diego Palleros, las sociedades Hayton Trade, Debrol, Maderyl y Agromaquinarias Argentinas y el procesado coronel Edberto González de la Vega, entre otros.
El 14 de septiembre de 1999, el Central recibió una orden del juez para individualizar las cuentas y movimientos de dinero de personas y empresas implicadas en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, pero aún no entregó la información requerida.
La entidad deberá efectuar también un informe sobre las transacciones realizadas entre Multicambio y el Banco Baires a través del MTB Bank.
Ayer, el abogado Mariano Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de Yoma, acusó al magistrado de actuar "con falta de pruebas" y pidió varias medidas, entre las que figuran los interrogatorios a Cheek y a los ex ministros de Defensa Oscar Camilión y de Relaciones Exteriores Guido Di Tella, entre otros.
Urso, quien asumió como juez en 1993 y es amigo personal del ex funcionario menemista Miguel Angel Toma, se reunió con el ministro de Justicia y hermano del presidente, Jorge de la Rúa, para solicitar su intervención a los fines de agilizar los pedidos de cooperación a Estados Unidos, que no han tenido respuesta satisfactoria pese a que se reclamaron mediante media docena de oficios. "Se acordó un programa de trabajo con De la Rúa y (el viceministro de Justicia) Melchor Cruchaga", indicaron fuentes judiciales.
El Departamento de Justicia sólo contestó a Urso que la cuenta 69.393 del MTB Bank figura a nombre de la empresa Daforel, con la cual Emir negó toda vinculación. Y dijo que existían restricciones para revelar cualquier otro dato.
La semana pasada, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los ex ministros de Defensa Camilión y Erman González, del ex jefe del Ejército Martín Balza y de Di Tella, quienes serán enjuiciados en un proceso oral y público junto a más de una veintena de ex funcionarios y militares.
El tribunal encomendó al magistrado enviar un oficio al actual canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, "para que por la vía diplomática se urja al cumplimiento de los tratados" de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, existente entre la Argentina y Estados Unidos. Urso tiene previsto reunirse hoy con el canciller (ver aparte).
"No es posible limitar el alcance del pedido de documentación relacionado con la cuenta (del MTB Bank), pues la información solicitada se refiere al curso seguido por el dinero proveniente de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, donde precisamente Daforel estaría estrechamente vinculada", explicaron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.
El quiebre
Dos días después de aquella resolución, Sarlenga se quebró y declaró ante el juez que cuando Yoma lo involucró en el escándalo de las armas le explicó que era necesario recaudar dinero para el PJ.
Sarlenga aportó otros datos sobre el polémico circuito del dinero sucio del negocio de las armas y, horas después de esa audiencia, Emir quedó detenido como presunto organizador de una asociación ilícita de la que habrían formado parte varios ex funcionarios del gobierno de Menem.
La Ciudad
