Bogotá. -Organizaciones de derechos humanos colombianas lanzaron un alerta público ante lo que creen es la inminente ejecución de dos de sus abogados a manos de paramilitares en complicidad con el ejército y la policía colombianas. El organismo afectado es la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y los dos profesionales en peligro mencionados son Alirio Uribe Muñoz y Reinaldo Villalba Vargas. Ambos han destacado en la asesoría jurídica en "graves casos de violación de derechos humanos, por lo cual han sido víctimas de hostigamientos permanentes y amenazas contra sus vidas", según los organismos que lanzaron el alerta.
Hoy, lunes, el importante matutino El Espectador publicaría un informe sobre el caso, siempre según estas fuentes. Como prueba de que el abogado Uribe está en peligro, se cita un allanamiento en el marco de una investigación del crimen del sindicalista Wilson Borja, ocurrido el 15 de diciembre de 2000. En el procedimiento -en la vivienda de un miembro de inteligencia militar- se habría hallado una foto a color de Uribe, con su domicilios particular y profesional. Por el crimen de Borja están presos un mayor del ejército y un capitán de policía. Asimismo, Uribe ha figurado en tres listas de amenazados de muerte en la que se incluía al luego asesinado Borja.
El 3 de marzo de este año, resultó asesinado el sindicalista Jorge Darío Hoyos, quien una semana antes manifestó a varios testigos que él, junto con otras personas, entre ellas el abogado Villalba Vargas, se encontraba en una lista de personas a ejecutar por paramilitares. Según los denunciantes "no cabe duda de que las amenazas y diversas formas de persecución y hostigamiento provienen de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado, sin que autoridades del Poder Ejecutivo tomen las medidas preventivas del caso".
Según informes de inteligencia del ejército colombiano -citados por los organismos de derechos humanos que dan el alerta por Uribe y Vargas- el primero de estos dos abogados "es parte de la red de apoyo del ELN (segundo grupo guerrillero de Colombia) y lidera una campaña para buscar calidad de presos políticos de los bandidos". De la lista de personas acusadas por el informe militar, "algunas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, otras de desaparición forzada, otras de detenciones arbitrarias y otras de constantes amenazas que las han obligado a desplazarse o exiliarse", denuncian los organismos colombianos.
Panfletos y pinchaduras
Un panfleto aparecido en Bogotá en agosto del 99, firmado por un supuesto Ejército Rebelde Colombiano, amenaza de muerte a 21 figuras públicas, entre ellas al abogado Uribe. El profesional ha detectado seguimientos y visitas sospechosas a su estudio, así como llamadas telefónicas a su casa de carácter extraño y amenazante. Infinidad de indicios indican que el teléfono de Uribe está pinchado por la inteligencia militar: una vez envió un fax a la universidad donde dicta clases y, poco después, llamaron desde el Ministerio de Defensa, preguntando para quién era ese fax. Por su parte, Reinaldo Villalba Vargas también ha sido víctima de amenazas y seguimientos similares.
La Ciudad
