Luego de que la Municipalidad decidiera postergar por el término de seis meses el llamado a licitación pública para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en el marco de un nuevo sistema, más moderno y eficiente, algunos concejales de la Alianza aceptarían ahora al menos revisar su tajante oposición a aumentar el precio del boleto. No es utópico suponer que en los próximos días se alcance una solución del conflicto. Se advierte así una decisión madura, reflexiva, que en el momento de evaluar actitudes supone que hay ediles dispuestos a dejar de lado cuestiones políticas o actitudes caprichosas. Hay pues quienes comprenden que de lo que se trata es del interés de la comunidad, del futuro de las empresas y, por carácter transitivo, de las fuentes de trabajo.
No es una medida feliz ni querida por nadie, naturalmente, aumentar el costo de los servicios especialmente en una época de crisis como la que atraviesa la sociedad argentina, pero supone una necedad condenar a los usuarios a un pésimo servicio de transporte, con pretextos y argumentos a veces poco contundentes, y hacer peligrar la continuidad de fuentes de trabajo. Largas esperas para abordar un colectivo, viajes en condiciones que van más allá de la incomodidad para convertirse en hacinamiento en unidades desvencijadas que, por otra parte, exponen a los vecinos de Rosario a la contaminación de gasoil quemado cuando no a accidentes por la falta de un adecuado mantenimiento de las unidades, es la realidad del transporte urbano de pasajeros. Y esta realidad no es sino el efecto de una magra, casi nula, rentabilidad de las empresas que hace escasamente viable hoy la reinversión.
Debe atribuirse a los ediles que se oponen a un aumento en el precio del boleto que posibilite salir a estas compañías de la deficiente situación financiera en que se encuentran el encomiable propósito de defender los bolsillos del ciudadano. Pero es de dudosa contundencia argumental el fundamento de que se defiende a los usuarios impidiendo un incremento. En realidad el perjuicio que se les ocasiona a éstos al no sanear y blanquear el costo real del pasaje es aún mayor, mucho mayor, que los diez centavos de suba o los diez pesos que le significarían a una persona que viaja cuatro veces por día durante la semana laboral.
Por lo demás, podrá existir, es cierto, algún edil que sustente un criterio político para establecer el precio del pasaje, pero a fuer de ser sinceros, es asombroso (y por eso debe descartarse como versión confiable) que la negativa de la oposición en el Concejo a convalidar la postura del Departamento Ejecutivo responda al único interés de llevar a Binner a un fracaso político haciendo trastabillar un servicio esencial como el transporte. Una felonía de tales proporciones a la política, al estado de derecho y a los ciudadanos es sólo posible en alguna mente sinuosa que no alcanza a comprender, por la ceguera en la que la sume el propio despropósito político, que la ciudadanía ha dictado sentencia ya en cuanto a estas actitudes.
La realidad incontrastable del transporte urbano de pasajeros es que en el año 1994 se cortaban anualmente 220 millones de boletos, pero durante el año pasado esa cifra cayó estrepitosamente a 125 millones y se aguarda para este año una nueva merma con un número estimado de boletos cortados en alrededor de 110 millones. De acuerdo con la ecuación pasajero-kilómetro utilizada para aplicar el precio del boleto, durante el año pasado el costo debió situarse en 0,71 centavos y la proyección para este año se fija en un costo real de 0,77 centavos.
Franquicias y abusos
Por otro lado, Rosario no sólo es la ciudad que muestra al espectro nacional el costo más bajo del pasaje, sino la única que ofrece tantas franquicias a jubilados y estudiantes. Y eso, sin dudas, es halagüeño y debe mantenerse, pero desafortunadamente los abusos están a la orden del día y eso, que es una suerte de estafa al equilibrio comunitario, terminan pagándolo empresarios y usuarios. Se llegó a detectar que con un pase libre de un jubilado se realizaron en un mes quinientos viajes. En la ciudad de Rosario aproximadamente un 17 por ciento del total de las personas que accede al servicio del transporte no paga el boleto.
Como ya se ha dicho, el desfasaje financiero en el que están sumidas las empresas es de un millón trescientos mil pesos mensuales y aun cuando se aprobase un aumento de diez centavos éste no alcanzaría, en realidad, a equilibrar las cuentas. Estas quedarían niveladas si la Municipalidad, como lo ha venido haciendo para sostener el servicio, abdica de cobrar la tasa de fiscalización, que suma alrededor de trescientos cincuenta mil pesos por mes. De hecho, hace ocho o diez meses que el municipio dejó de percibir este tributo.
Lo cierto es que en la actualidad las empresas del servicio del transporte urbano de pasajeros en Rosario están por debajo del nivel de rentabilidad razonable y hasta ahora se mantienen con endeudamientos y una merma sustancial en la calidad del servicio que va en menoscabo de los usuarios. La ciudadanía, y en especial los usuarios del servicio del transporte, aguardan no sólo una muestra de convivencia política en este tema sino la adopción de medidas razonables. Y así como debe asegurarse al empresario un margen de rentabilidad lógico, también debe garantizarse al vecino rosarino una adecuada prestación del servicio, que pasa no únicamente por incorporar nuevas unidades e intensificar las frecuencias, sino por mejorar la atención en todo sentido.
La Ciudad
