El sistema se declaró en emergencia en todo el país

Los sanatorios locales reclaman 150 millones a las obras sociales

Dicen que de cada 100 pesos que facturan cobran 67,5. Elevarán a la Nación una propuesta anticrisis

Marcelo Castaños

Las obras sociales les deben alrededor de 150 millones de pesos a los prestadores privados de salud de Rosario y su zona, lo que los pone al borde del colapso. La suma se conforma por atrasos en los pagos, que llegan en algunos casos a los 120 días, más un quebranto histórico, y constituye una parte de los 1.870 millones de pesos que componen el pasivo de las obras sociales en todo el país.
Así lo expresó la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, que agrupa a 28 empresas prestadoras de la zona, la que advirtió sobre la crisis en la que se encuentra el sistema.
En rigor, el de la entidad local es un planteo que alcanza a más de 600 prestadores del país, con 28 mil camas y 110 personas bajo relación de dependencia, que se declararon en estado de emergencia.
Junto con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Federados, la institución rosarina motoriza un proyecto para enfrentar la crisis, que elevará la semana próxima, a través del Consejo Federal de Empresas de Salud (Confesalud), al gobierno nacional.
Allí se hace un diagnóstico de la situación del sector, en el que se reconocen causas "exógenas" que afectan al sistema (desde la recesión, pasando por la desocupación hasta el aumento de las patologías vinculadas con el aumento de la expectativa de vida y el incremento de la oferta de tecnología médica); así como la "falta de reglas de juego claras y la inseguridad jurídica"; la ausencia de complementación de los efectores públicos y privados; la quiebra del régimen de obras sociales; la "ineficiencia del Estado nacional", y la "inequidad retributiva del sistema".
El punto del diagnóstico que refiere al quebranto de las obras sociales merece especial atención. Allí se habla de un pasivo superior a los 1.870 millones de pesos, de los cuales 150 millones se concentran en Rosario y su zona. También se hace referencia al problema de las obras sociales "descremadas" (es decir, que perdieron a sus afiliados de mayores aportes sin un sistema de compensación), y a una creciente morosidad en el pago de las prestaciones.
"La consecuencia de esto es una disminución del diez por ciento de los aranceles y de un 15 por ciento de quebranto de los contratos capitados, además de atrasos en los pagos a los prestadores que van de los 60 a los 120 días promedio, y un costo financiero mensual provocado por la morosidad que calculamos también en un diez por ciento", dijo a La Capital Roberto Villavicencio, presidente de la asociación.
En este contexto, calculó que de cada cien pesos que factura, el sistema prestacional cobra efectivamente 67,5 pesos.
Los datos surgen de una encuesta realizada entre los prestadores, y que sirvieron de base para el análisis de situación realizado por Confesalud.
A partir de esta situación, y sobre todo en lo relativo al pasivo de las obras sociales, las entidades sanatoriales pedirán al Estado nacional que articule mecanismos o "ingeniería financiera" para "enjugar el pasivo" de las instituciones de las seguridad social. También pedirán medidas para resolver el problema de la falta de pago a las obras sociales por parte del Estado y de las empresas que deben realizar sus aportes. Los sanatorios buscan que se reduzcan en no menos del 25 por ciento las mermas que sufren a la hora de percibir sus créditos prestacionales.
De hecho, y antes de que José Luis Machinea dejara el Ministerio de Economía, Confesalud había pedido al jefe de Gabinete, Cristian Colombo, una serie de acciones que involucraban a las carteras de Economía y Salud, y a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Concretamente se le pedía que se regularan mecanismos para que las obras sociales cedieran a los prestadores créditos que estas poseen contra los deudores de aportes y contribuciones. Asimismo, se solicitaba la creación del "certificado de reconocimiento de deuda" y un "mecanismo de débito automático". Es decir, que la Afip afectara fondos de las obras sociales para aplicarlos al pago de los créditos que los sanatorios poseen contra las entidades de las seguridad social. Entre otras medidas, figuraba también la emisión de un bono del Estado para que fuera usado como crédito fiscal para aquellos prestadores que se identificaran como acreedores de las obras sociales y tuvieran deuda con el fisco.
En este sentido podría encaminarse la propuesta que se eleve a un equipo interministerial a conformarse por las carteras de Economía, Trabajo y Jefatura de Gabinete, o directamente -en su defecto- al mismo Ministerio de Economía de la Nación. Todo dentro un paquete de propuestas que alcanzan -entre muchos otros puntos- al gasto farmacéutico, la eliminación de los hospitales públicos de autogestión y la "competencia desleal" -así la califican- del Estado con el sector privado, y a un "adecuado financiamiento" del programa médico obligatorio, a juicio de las entidades "extensible en prestaciones y acotado en recursos".