Luego de decretar el estado de alerta por las amenazas de recortes, las universidades públicas decidieron continuar "normalmente" con su actividad académica a partir del último viernes. ¿Normalmente? ¿Cómo se explica que no haya fallas, al menos en la administración de recursos, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que destina al pago de sueldos un 95 por ciento de su magro presupuesto anual conformado por 92 millones de pesos? ¿Se puede sostener una institución académica, donde debiera primar la investigación y la enseñanza, si un 35 por ciento de ese alto porcentaje se diluye en manos de no docentes y personal de Rectorado? ¿Cómo se entiende que la mayoría de esos empleados tenga un sueldo mínimo que triplica al de un profesor de dedicación simple? Ante esta realidad, cabe preguntarse también qué margen hay para pagar luz, gas, teléfono, equipamiento y mantenimiento de edificios, cuestiones no menos vitales para la vida universitaria.
Tras una convulsionada semana se aquietaron las aguas en las universidades públicas. Después de que el efímero ex ministro de Economía de la Nación Ricardo López Murphy intentó darle un guadañazo de 361 millones de pesos al presupuesto universitario y que autoridades, docentes y estudiantes salieron a la calle a mostrar los dientes, la comunidad de la educación superior decidió mantenerse alerta y normalizar el dictado de clases.
Pero, al momento de analizar la crisis vivida en el país la semana pasada, y ya conocida por todos, es inevitable preguntarse si no tendría mayor legitimidad aún el reclamo de más fondos si las universidades públicas pudieran mostrar una gestión racional de los recursos económicos que manejan.
El caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con Oscar Shuberoff a la cabeza, es el ejemplo más grotesco del desmanejo de dineros públicos. Basta recordar el documento final de la Auditoría General de la Nación (AGN) de fines del 2000 donde se denunciaron irregularidades en el manejo de fondos y contrataciones de personal en la UBA.
Si bien no hay ninguna denuncia de irregularidades en la UNR, en la administración de sus recursos no queda bien parada si se la compara con las otras universidades públicas: destina el 95 por ciento de su presupuesto al pago de salarios.
En cambio, de sus 296 millones de pesos anuales, la UBA destina un 80 por ciento en sueldos; de 123 millones, Córdoba paga un 85 por ciento en el mismo rubro, y de 100 millones, La Plata abona un 84 por ciento en salarios.
La UNR tampoco se luce por el sueldo de sus docentes. Tiene un plantel de 7 mil profesores, de los cuales un 28 por ciento (2.000) trabaja ad honórem. Y el 70 por ciento de sus docentes rentados gana entre 60 y 150 pesos por una dedicación simple de 11 horas cátedra.
Todo un despropósito si se tiene en cuenta que su burocracia cobra mejor que los profesores. Es que la mayor parte de los no docentes (que suman un total de 2.140) tiene un sueldo de 422 pesos por una categoría mínima (número 2).
Justamente, el tema de la burocracia universitaria es fuertemente criticada por los propios docentes y estudiantes de la UNR y la UTN. La Capital publicó hace dos semanas una encuesta reveladora. Los tres datos por demás de significativos son: el 75,2 por ciento de la comunidad universitaria rechaza el arancel; 40,6 está a favor de restringir el ingreso, y el 79,9 repudia la burocracia que puebla las casas de estudios. Tres aspectos que se impusieron en el debate que se dio antes, durante y a poco de que el ex ministro de Economía expresase su intención de realizar un ajuste en educación.
Un pobre presupuesto
Y si se analiza la inversión anual por alumno que realiza la UNR (en total tiene 69.807 estudiantes) los datos son por demás contundentes: 1.400 pesos. Cifra irrisoria frente a inversiones como la de la Universidad de San Pablo (Brasil) donde se destinan 10 mil pesos para cada alumno.
Ni hablar del presupuesto que vuelca la UNR anualmente para su equipamiento bibliográfico: sólo 20 mil pesos, algo así como la posibilidad de comprar unos 60 libros en el año en cada una de las 12 facultades y tres escuelas secundarias (Superior de Comercio, Politécnico y Agrotécnica de Casilda).
Queda un dato más, también curioso. Sin tener en cuenta los salarios, el monto que destina la UNR a sus 15 establecimientos es de 1.788.263 pesos, frente a 1.402.984 con que cuenta el Rectorado para gastos administrativos. Una vez más la burocracia universitaria lleva las de ganar.
La Ciudad
